En un mes culmina el gobierno de Ollanta Humala y a pesar de los pocos avances en materia de derechos humanos, queda aún mucho por hacer y por cubrir. Las víctimas de violencia sexual durante el Conflicto Armado Interno aún esperan el proceso de justicia y reparación, un proceso que lleva muchos años sin ser resuelto.
Por Karina Tamayo
@Karilinguz9
Un revólver en la cabeza. Un cuerpo tumbado y golpeado de mujer que se resiste y que pese a ello es objeto del deseo irrefrenable de una tropa, que la despoja de sus ropas, la mira como un ser inerte, hurgan sobre su cuerpo a golpes, ensanchando su piel, mutilando su cuerpo y su dignidad, convirtiéndola luego en una esclava sexual en la base militar…
Estos son los puntos comunes de diversos casos de esclavitud sexual, otro de los tipos de violencia sexual que sufrieron las mujeres durante el conflicto armado interno. Existe un registro de víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en nuestro país que reciben reparación. Sin embargo, las víctimas de otras formas de violencia sexual (embarazos forzados, abortos forzados, esclavitud sexual, prostitución forzada, unión forzada, intentos de violación, torturas en órganos genitales y embarazos no deseados) hasta hoy no gozan de reparaciones.
La reparación en espera
Desde el 2009, organizaciones de afectados/as y el Centro de Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), vienen exigiendo que en el Pleno del Congreso se apruebe la ley que reconoce e incorpora en el Plan Integral de Reparaciones (PIR) a las personas que hayan sufrido violencia sexual, distinta de la violación sexual, en sus diversas formas como “esclavitud sexual”, “aborto forzado”, “prostitución forzada”.
El año 2009, el comité de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) le recomienda al Estado modificar su ficha de registro para incorporar a las víctimas de otras formas de violencia sexual en la construcción del registro único de víctimas a nivel nacional. Es allí cuando el consejo de reparaciones, a través de sus comisionados decide incorporar un rubro más para registrar las víctimas de otras formas de violencia sexual.
A raíz de esta decisión del consejo de reparaciones, el 2009 se inicia el registro de estas víctimas. Gracias a ello podemos decir que hay 1512 víctimas registradas.
Desde el 10 de enero del 2012, que se presentó la iniciativa legislativa ante el legislador José Urquizo Maggia, han pasado 4 años. Dicha propuesta, aprobada en mayo de dicho año reconoce e incorpora en el Plan Integral de Reparaciones (PIR) a las personas que hayan sufrido violencia sexual, distinta de la violación sexual, en sus diversas formas. Sin embargo, no todas las víctimas han sido incluidas.
Jesenia Casani, socióloga de DEMUS, manifiesta que hay una grave ausencia y también un aspecto de discriminación frente a estas otras víctimas, porque todas las víctimas del conflicto armado deberían de ser reconocidas y deberían tener acceso a su derecho de reparación. En diálogo con Spacio Libre señaló que:
“Hay una falta de reconocimiento a estas víctimas, diversas instancias internacionales, como son los comités de derechos humanos, comité contra la tortura, comité contra toda forma de discriminación de Naciones Unidas, que han mostrado su preocupación porque estas víctimas no sean reconocidas. Pero además le han recomendado al Estado a que redoble sus esfuerzos para garantizar que estas víctimas sean registradas pero también sean incorporadas en el Plan Integral de reparaciones.”
El gran pendiente
A pesar de ser registradas por el Estado, no han sido incorporadas como beneficiarias de la política de reparaciones, PIR. Es decir, no pueden acceder a todos los 7 programas, a las reparaciones individuales, económicas, simbólicas, en salud, educación, etc.
¿Por qué se está aplazando tanto?
El año 2012 llegó esta iniciativa al Pleno del Congreso y fue aprobada por unanimidad, al mes siguiente cuando el Ejecutivo lo tenía que promulgar lo observó con dos argumentos muy cuestionables.
Cuatro años después de observada la iniciativa, de tanta insistencia de la sociedad civil, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde regresó esta norma, el 19 de abril pasado la abordó, la debatió y la aprobó por unanimidad.
Luego pasó al Pleno, entonces se esperaba que al ser una iniciativa legislativa que ha durado tanto tiempo en ser reconocida se podía avanzar en su aprobación, sin embargo, se esperó hasta el último día del pleno y no se aprobó.
Casani, afirma que de no aprobarse la norma en este Congreso, el próximo con mayoría fujimorista podría será adverso.
Es importante que el Congreso entienda que hay un pendiente de tantos años con estas víctimas y que está generando discriminación al dejarlas de lado en una política tan importante que es justamente dignificarlas por la violencia que sufrieron y ayudarlas a superar todas estas secuelas que hasta hoy siguen viviendo.
Diversas organizaciones además de Demus, como la Conavip, Condecorep, la Femucarinap que vienen luchando para que las víctimas de otras formas de violencia sexual tengan su derecho a reparación. El Congreso debe reconocer a estas víctimas.
[…] Publicado en Spacio Libre: http://goo.gl/r34Vio […]