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Lima, Perú (CNR).- A la fecha, no existe un registro oficial de las comunidades nativas y campesinas, lo que impide que éstas tengan acceso a servicios de salud, carreteras y educación, y ni que decir al crédito.

Así lo señaló Laureano del Castillo, coordinador del Grupo Allpa, el cual desarrolló un monitoreo denominado «Políticas Públicas Aplicadas a Comunidades Campesinas 2008-2009».

El estudio completo aquí

El también abogado del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) recordó que, hasta hace algunos años, hubo una Dirección de Comunidades Nativas; empero, ésta fue desaparecida durante el régimen de Alberto Fujimori.

Posteriormente, se implementaron la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA) y luego el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA); sin embargo, ninguno de dichos entes cumplió su labor a cabalidad.

Adicionalmente, se encuentra el incumplimiento del Ejecutivo con respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual sanciona el derecho a consulta de las comunidades sobre el uso de sus tierras ancestrales.

Indicó que este problema obedece a que el Estado no tiene claro qué hacer con las comunidades y, en el peor de los casos, ni siquiera tiene interés por ellas ni la problemática que enfrentan.

«Ahora hay muchos intereses de explotación en la selva, de madera, petróleo, gas (…) la selva, que durante siglos se vio como un lugar despoblado, ahora es objeto de apetitos y este gobierno le abre las puertas a las transnacionales», opinó.

En tan sentido, señaló que las protestas registradas en junio del 2009 en Bagua (Amazonas) se dieron porque justamente las comunidades sintieron que sus territorios estaban amenazados.

Del Castillo criticó la labor del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) que lejos de avanzar en la titulación de las comunidades, promueve la entrega de títulos individuales. «Es más fácil para una empresa negociar con individuos antes que con comunidades», expresó.

A esto, se suma la propuesta para modificar la Ley de Desplazamiento Forzoso, pues -según dijo- con ésta se generan mejores condiciones para que los inversionistas se instalen en nuestra Amazonía.

Finalmente, advirtió que la reciente jornada de protestas desarrollada en el nororiente ratifica el descontento de las comunidades, que ven que a ocho meses del «Baguazo», las cosas siguen igual.

«Se instaló un grupo nacional de coordinación que derivó en mesas de trabajo, que vieron las protestas, los decretos y el plan de desarrollo integral. Lo cierto es que hubo propuestas, disensos, pero no soluciones (…) los decretos legislativos, salvo cuatro, siguen vigentes», acotó.

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Por Spacio Libre

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