Ollanta Humala por debajo del 30% de aprobación no significa que él, Nadine o su Gobierno hayan hecho algo particularmente malo. Solo significa que la política peruana ha regresado a la normalidad, repitiendo el patrón forjado por Toledo y García: candidatos que prometen cambios y se convierten en presidentes que mantienen el statu quo. La desaprobación no es sino la muestra estadística de la decepción popular. Humala logró mantenerse por encima del 50% durante un tramo más largo, pues su elección había despertado mucha mayor expectativa que sus antecesores.
La última encuesta de Ipsos Perú, publicada el domingo en El Comercio, muestra un escaso 27% de aprobación para Humala, quien hace solo cinco meses superaba el 50%. Pero lo que llama la atención es la razón por la cual se le cuestiona: un 67% de quienes lo desaprueban señala que “no cumple sus promesas”, superando incluso este ítem a la tan sentida inseguridad ciudadana.
¿Cuáles son las promesas que no ha cumplido Humala? Después de todo, allí están Cuna Más y Pensión 65, así como Beca 18 y otras propuestas de su plan de Gobierno.
Pero ocurre que la gran promesa con la que el electorado asociaba a Humala no eran los programas sociales, sino el “cambio” entendido de una manera bastante más amplia. Si volvemos a las encuestas previas a la elección, podremos recordar que el propio Ipsos encontraba un 42% que deseaba cambios radicales al modelo económico, mientras un 44% planteaba cambios moderados. Cuando se le preguntaba a este 88% de inconformes cuál debería ser el sentido de dichos cambios, se mencionaba “apoyo social a los pobres”, pero también “leyes laborales que protejan más a los trabajadores” y “más apoyo a la pequeña empresa”.
Pero recordemos algunos datos más. En marzo del 2011, la PUCP encontraba que un 56% de la población señalaba que “existen actividades económicas que deberían estar en manos del Estado y no de la empresa privada”, y solo un 28% señalaba que “la empresa privada debe poder participar en cualquier tipo de actividad económica sin restricciones por parte del Estado”.
En una encuesta de febrero de 2011, la PUCP señalaba que Humala era visto mayoritariamente como quien pensaba que “la economía debería orientarse a una mayor intervención del Estado”, corriendo en solitario en ese carril pues los demás candidatos eran percibidos como contrarios a un mayor rol económico del Estado.
Humala no fue elegido para impulsar programas sociales focalizados y mantener el modelo económico tal cual, sino por el contrario fue preferido por los votantes por sus promesas “nacionalistas” vinculadas a un mayor protagonismo del Estado en la actividad económica, así como un rol de defensa y promoción de la industria nacional, y garantía de derechos de los trabajadores.
Una vez en el sillón presidencial, ha impulsado algunas tímidas reformas (un nuevo tipo de comisión para los trabajadores afiliados a las AFP, una pequeña contribución negociada con el sector minero, una ley que busca controlar la publicidad de la comida chatarra, un aumento del salario mínimo, entre otras) pero nadie lo percibe como el gran reformador del modelo económico.
Ha renovado el contrato con Telefónica, ha seguido firmando y negociando TLCs como los que vienen destruyendo el emporio de Gamarra, no ha impulsado la aprobación de la nueva Ley General del Trabajo ni ha derogado los regímenes especiales que permiten el abuso a los trabajadores de la agroindustria y del sector textil, y ha mantenido una interlocución privilegiada con los grandes gremios empresariales. Su última batalla fue la frustrada intención de comprar Repsol para fortalecer a PetroPerú.
Lo dramático del caso no es que Humala haya traicionado sus promesas, sino que sea el tercer presidente consecutivo -luego de la caída de la dictadura- que hace lo mismo. Recordemos que Alan García entró con el eslogan del “cambio responsable” y promoviendo un supuesto “frente social”, pero pronto optó por la ideología del “perro del hortelano” y priorizó el frente empresarial. Ahora, hasta Dionisio Romero va a la fiesta de matrimonio de su hijo, hecho que permite ver hasta qué punto se ha convertido en el verdadero “candidato de los ricos” pese a la demagogia populachera de su partido. Gracias al abandono de sus promesas reformistas, García sobrevivió la mayor parte de su mandato por debajo del 30% de aprobación.
Por su parte, Toledo llegó al poder con promesas de reformar el modelo fujimorista y construir un “capitalismo con rostro humano”. Acto seguido optó por privatizar empresas y firmar TLCs debilitando aún más la industria nacional. Como recordamos, Toledo -con menor habilidad política que García- sobrevivió incluso con cifras de un dígito de aprobación.
Así pues, Humala con 27% significa que volvemos a la normalidad de la última década. Pero como vemos, la insatisfacción popular se ha ido radicalizando y las promesas políticas han pasado del “rostro humano” al “cambio responsable” hasta llegar a la “gran transformación”. Nada hace pensar que esa tendencia pierda importancia, pues el país de Mistura y la Marca Perú sigue siendo incapaz de incluir cabalmente, como sujetos de derechos, a la mayoría de trabajadores, microempresarios y pobladores rurales sometidos a la crudeza del neoliberalismo salvaje.
La pregunta es: ¿estamos acaso obligados a ser estafados electoralmente cada cinco años?
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