Piura, Perú (Spacio Libre/CNR).- La congresista nacionalista Marisol Espinoza propuso la interpelación del premier Yehude Simon y del ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, por el Decreto Supremo Nº 024-2008 que declara de necesidad pública la inversión privada en actividades mineras, y se autoriza la empresa minera Zijin a adquirir derechos dentro de los 50 kilómetros de la zona fronteriza con Ecuador.
Espinoza Cruz indicó que la medida vulnera el artículo 71 de la Constitución Política, el cual prohíbe expresamente de que un extranjero -sea persona natural o jurídica- pueda ser poseedor de tierras, bosques, minas o aguas dentro de los 50 kilómetros de línea de frontera.
Así mismo, la parlamentaria indicó que el DS Nº 024 atenta contra el derecho de propiedad de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huacabamba, que está consagrado en el artículo 77 de la Carta Magna.
Espinoza formuló al término de una conferencia de prensa ofrecida en el local del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), donde se analizaron los alcances del referido decreto supremo.
En el evento participaron, también, Edward Gómez, secretario técnico del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN); y Fernando Aponte, presidente de la comunidad campesina Segunda y Cajas, en la provincia de Huancabamba (Piura).
Adicionalmente, Espinoza recordó que ha pedido la conformación que investigue el secuestro y torturas perpetradas contra 28 comuneros de Ayabaca y Huancabamba en las instalaciones del campamento de la minera Río Blanco Copper (ex Majaz), a fines de julio del 2005.
Precisó que se ha pedido abrir una investigación separada por los vejámenes cometidos contra Elizabeth Cunya y Cleofé Neyra, quienes formaron parte de la treintena de campesinos que acudieron en marcha pacífica al campamento minero.
De igual modo, refirió que se ha pedido formalmente al ministro del Interior, Remigio Hernani, que brinde la nómina de efectivos policiales que tomaron parte en este episodio, que se saldó con la muerte del rondero Melanio García.
«Esperamos que, en un gesto de transparencia y de compromiso en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, el Sr.Hernani alcance la información lo más pronto posible», sostuvo.
Finalmente, Espinoza adelantó que, de no obtener una respuesta del Poder Judicial, llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 27 de diciembre del 2008 se publicó en el diario oficial «El Peruano», el Decreto Supremo Nº 024-2008 del Ministerio de Defensa, mediante el cual se facilita la transferencia de la titularidad de concesiones mineras a inversionistas extranjeros dentro de los 50 kilómetros de frontera en la sierra de Piura.
Las ocho concesiones mineras que estaban a nombre de la empresa Río Blanco Limited y que tienen una extensión de seis mil 500 hectáreas aproximadamente, han pasado ahora al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development.
Adicionalmente a ello, se han otorgado 27 derechos mineros que estaban a nombre de otras empresas, a la citada empresa china, sumando en total 35 derechos otorgados.
Sobre el autor
