“Se demandará al Estado Peruano la atención inmediata a los más de doscientos heridos y la reparación de todas las víctimas, tanto de los 23 policías como de los cinco indígenas y cinco civiles que perdieron la vida, así como continuar con la búsqueda del Mayor Felipe Bazán. Asimismo, pediremos el cese del hostigamiento del Estado contra la AIDESEP, a la que pretenden disolver”, informó Miguel Jugo, director de proyección institucional de APRODEH.
“Acudimos a una instancia supranacional para que se garantice un diálogo de buena fe y se detenga la persecución contra los líderes indígenas, tal como lo recomendó la Federación Internacional de Derechos Humanos, en su informe sobre los hechos de Bagua”, precisó.
El objetivo del grupo de representantes que acudirá a la audiencia número 137 de la Corte en Washington, será obtener un compromiso del Gobierno peruano para superar el clima de conflicto que continúa afectando a las poblaciones indígenas de la zona nororiente del país.
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