Regionales (Spacio Libre).- Américo Cabecilla, dirigente indígena de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI – SC) que reúne a los pueblos indígenas de Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Cuzco, denunció que “hay un rebrote del narcoterrorismo en la selva central que está poniendo en riesgo la vida de las comunidades indígenas. Los narcotraficantes reclutan mujeres y varones para la siembra ilegal de coca. Durante los operativos de la policía, son ellos los detenidos, muchos están en prisión esperando condena desde hace cinco años”.
El líder de la ARPI – SC afirma que “hay mucha inseguridad en nuestro territorio, hay un rebrote del narcoterrorismo en la zona del VRAEM (Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro) y en Pachitea, entre Pasco y Huánuco. Los que se dedican a la siembre ilícita de coca están entrando a las comunidades obligando a nuestros hermanos a que siembren coca. Les dicen que no deben tener temor, que el Estado nunca hará nada por ellos y que ellos (los narcotraficantes) sí velarán por su desarrollo”.
Es por tal motivo que muchos nativos se involucran en el cultivo y procesamiento ilegal de coca. Cabecilla indica como ejemplo las 80 personas detenidas en la cárcel de La Merced, Junín, de las cuales “15 son mujeres y el resto varones acusados por diversos delitos, entre ellos la siembre de coca ilegal, son los llamados ‘mochileros’. Algunos de ellos están detenidos desde hace cinco años sin sentencia y aún siguen reclutando mujeres indígenas para la siembra de coca. Muchos de nuestros hermanos siguen muriendo cuando la policía los encuentra. A veces cuando logran escapar, sus familias son eliminadas”. También refiere que hay 40 personas del distrito de Pichari, en La Convención, Cuzco, integradas en actividades ilícitas.
El dirigente asháninka exige que se abra una reunión con el Ministerio de Justicia, reclamando que “por falta de trabajo las hermanas se ven obligadas a trabajar para la siembra de coca ilegal y, en algunos casos, también en el procesamiento. En las intervenciones de la policía son ellas las apresadas y llevadas a las cárceles. Ellas son las que pagan”.
Otro caso que busca tratarse es el del pueblo indígena Kakinte, ubicado en la C.N. Tsoroja en el distrito de Río Tambo, región Junín, que reclama a la petrolera REPSOL pues no está cumpliendo con los acuerdos previos a la ocupación de su territorio: cumplir con el resarcimiento de los impactos ambientales (por ejemplo, el aterrizaje de helicópteros en el área de las comunidades), no cumple con lo prometido en educación como otorgar algunas becas a los jóvenes indígenas. Como indicó Cabecilla, “son alrededor de 200 familias que le están pidiendo a REPSOL que cumpla”.
Dicho caso fue presentado en el Foro “Agendas de las Organizaciones Indígenas: Aportes al Desarrollo de la Amazonía» fue convocado por varias organizaciones indígenas junto a la Catholic Relief Services (CRS) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP).
Por: Jaime Canicoba / @Canicoba307
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