Lima, Perú (Spacio Libre).- Dirigentes indígenas exigen modificar la Ley de Consulta Previa. Además, señalan que existen muchos vacios legales en dicha ley, que contiene artículos en los cuales se violan sus derechos y no se reconocen los alcances del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas.
Es por eso, que la mañana del lunes 20, se llevó una conferencia de prensa donde estuvieron presentes Gladis Vila, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas (ONAMIAP); Alberto Pizango de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (AIDESEP); Antolín Huáscar, presidente de la Conferencia Nacional Agraria (CNA) y Magdiel Carrión, presidente de la Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), para anunciar las medidas legales que tomarán tanto en el ámbito nacional como internacional, en este caso a través de una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y exigir al gobierno que se modifique la ley 29785 Ley de Consulta Previa. También rechazaron que mediante un reglamento se corrija una ley con artículos inconstitucionales.
Igualmente han solicitado a la Comisión Multisectorial que presente ante el Congreso la solicitud donde se pide que se modifique los artículos 1º, 2º, 4º, 7º, 15º, 19º y la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley de Consulta Previa, según ellos porque van en contra de sus derechos como pueblos indígenas y no se adecua la ley a lo estipulado en el Convenio Internacional 169 de la OIT. Esta se deberá presentar en un plazo de 30 días.
A pesar que en este gobierno recién se dio la Ley de Consulta Previa, aun sienten que no son escuchados y más aun que se están atropellando sus derechos. Tanto para Alberto Pizango de AIDESEP, Gladis Vila de ONIAMAP y Magdiel Carrión de CONACAMI esto se ve reflejado en las incongruencias que presenta dicha ley.
Alberto Pizango: “Seguimos viendo por parte del Estado Peruano de querer seguir atropellando nuestros derechos que están consagrados dentro del Convenio 169”
Para Pizango, el problema proviene de gobiernos anteriores, señaló que a pesar que el Convenio 169 se ratificó en 1995, ya han transcurrido 17 años en los cuales se ha hecho caso omiso y lo que generó -en parte- la masacre en Bagua en el 2009 durante el gobierno de García – quien los considero ciudadanos de segunda clase-.
Sobre la Ley de Consulta Previa, indicó que si bien fue una decisión acertada por parte del gobierno actual, han manifestado que la ley cuenta con vacios legales y que no se están tomando en cuenta las propuestas planteadas por los pueblos indígenas en los seis encuentros macroregionales que se han llevado a cabo.
“Nosotros saludamos como organización la promulgación de la ley, sin embargo, también hemos dado a conocer que esta ley tenía vacios legales, omisiones, desnaturalización del Convenio 169. Frente a ello, hemos dicho desde un inicio que no se podía reglamentar una ley que tiene vicios de inconstitucionalidad; por lo tanto en el marco de la buena fe que siempre han mostrado los pueblos de ser dialogantes aceptamos llevar a cabo los 6 encuentros macroregionales, donde el Estado peruano lejos de poder enmendar o recoger las propuestas de los pueblos, lo que hizo es proponer un borrador de reglamento para que los pueblos lo aprobaran, para que se desarrolle la consulta previa”, manifestó.
Gladis Vila: “En este reglamento no existe ni un sola palabra, ni ese sentir ni el pensar de los pueblos indígenas”
Precisó que dentro de dicha reglamentación existe un tema muy polémico que es el derecho a voto. «Uno de los temas más polémicos (en la reglamentación) que no tenemos derecho a voto. Los pueblos indígenas en ningún momento hemos dicho que tenemos derecho a voto, lo que estamos exigiendo es el derecho al consentimiento que ya faculta el convenio 169 de la OIT”, esto se daría en caso de una medida legislativa, administrativa o en caso de actividades extractivas que requiera el consentimiento de los pueblos indígenas.
En cuanto a la posición que han adoptado, solo buscan que se respeten sus decisiones y las conclusiones que han surgido en el Encuentro Nacional y los talleres.
Sin embargo, señaló que no ven al Ministerio de Interculturalidad como un ente que los represente y reclamó al Estado un verdadero diálogo intercultural. Además, negó las afirmaciones del jefe del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), Iván Lanegra, quien indicó que hay un respaldo a la ley por parte de ellos.
Magdiel Carrión: “Los pueblos exigimos una ley de consulta que incluya y se respete la decisión del pueblo”
Otro claro ejemplo son las consecuencias que trae consigo al no existir un dialogo entre el gobierno y los pueblos, es que surgen los conflictos socio- ambientales, así lo advierte Carrión, “todos estos conflictos son provocados porque el gobierno no consultó al pueblo, a pesar que desde 1995 el convenio esta en vigencia pero no se lo ha tomado en cuenta para nada”.
Y que no es factible que la Segunda Disposición entre en vigencia cuando aun no se han solucionado los conflictos actuales –caso Conga y otros mas-, “Por otro lado la Segunda disposición está hablando de que a partir de la fecha entra en vigencia ¿Qué hacemos con los conflictos que están en el Perú ahorita y que han venido desde mucho tiempo? ¿Qué es lo que pasa con ellos? No se va a respetar”, señaló.
Por: Cynthia Sánchez.
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Francisco Pérez García
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