Santa Cruz, Bolivia (Spacio Libre/REUTERS).- La oposición de Bolivia aceptó el martes negociar con el Gobierno el fin de una ola de violencia, destrabando unas negociaciones que casi naufragan por la detención de un gobernador regional acusado de una matanza de campesinos oficialistas.
El poderoso gobernador del oriental departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, la capital económica del empobrecido país que lidera la resistencia a los planes socialistas del presidente Evo Morales, anunció que aceptó un acuerdo marco para iniciar un diálogo que permita pacificar a la convulsionada nación.
“Hemos decidido firmar este principio para que vuelva la paz”, dijo Rubén Costas en una declaración.
Minutos después, el gobernador del sureño departamento de Tarija, Mario Cossío, firmó en la ciudad de Santa Cruz el acuerdo marco en presencia de un alto prelado de la Iglesia Católica y sostuvo que el documento tiene los elementos necesarios para superar la crisis.
“Estos temas serán discutidos con la presencia de testigos y facilitadores (…) para garantizar que este diálogo empiece y termine bien, para garantizar que lo que vayamos acordando se mantenga y ojalá muy pronto Bolivia pueda suscribir un gran acuerdo nacional”, afirmó.
Cossío anunció que se acordó comenzar a desalojar las oficinas públicas, las instalaciones petroleras y a levantar los bloqueos de las carreteras.
“Hemos acordado también hacer todos los esfuerzos para frenar de manera inmediata la violencia en todo el territorio nacional”, agregó el gobernador de Tarija, quien al igual que Costas no se refirió a la detención de uno de los prefectos que los apoyaba.
TEMAS DE NEGOCIACION. Las negociaciones incluyen discutir varios reclamos de la oposición, entre los que se destacan modificar el texto de una nueva Constitución socialista que impulsa Morales para dar mayor autonomía a los departamentos que gobiernan y la distribución de un impuesto petrolero.
Hora antes, los contactos parecieron colapsar cuando Cossío, uno de los principales líderes opositores, afirmó que el diálogo agonizaba si no se liberaba al gobernador del distrito amazónico de Pando, a quien Morales acusó de mandar a matar la semana pasada a un grupo de campesinos en el episodio más sangriento de la ola de violencia política en el país.
El prefecto Leopoldo Fernández fue detenido en horas de la mañana en una aparatosa operación militar en Cobija, la capital del distrito amazónico, un día después de que Morales recibió el apoyo de los mandatarios de Sudamérica para frenar lo que denunció como intento de “golpe civil”.
“La detención del prefecto del departamento de Pando obedece a una determinación legal; las Fuerzas Armadas están cumpliendo su rol legal en el marco del estado de sitio”, dijo Morales en una conferencia de prensa, al comentar sobre la caída uno de los cuatro dirigentes regionales que lideran las protestas contra el Gobierno.
El viernes pasado, luego de dictar el estado de sitio en Pando, el Gobierno ordenó la captura de Fernández por supuestamente haber contratado sicarios para atacar a un grupo de campesinos oficialistas que se movilizaban por una carretera a unos 30 kilómetros de Cobija, dejando al menos 15 muertos, 37 heridos y 106 desaparecidos.
Como se recuerda, la polarización se profundizó en Bolivia después de un referendo revocatorio celebrado en agosto, en el que Morales obtuvo una abultada mayoría pero del que también salieron fortalecidos cuatro de los seis gobernadores opositores.
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