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Los audios que se acaban de hacer públicos se considera que constituye un acto de injerencia contra la independencia del Poder Judicial. Foto: es.finance.yahoo.com
Los audios que se acaban de hacer públicos se considera que constituye un acto de injerencia contra la independencia del Poder Judicial / Foto: es.finance.yahoo.com

Lima, Perú (Spacio Libre).- Los audios que se acaban de hacer públicos entre quienes eran en ese entonces presidente del Poder Judicial (César San Martín), ministro de Justicia (Juan Jiménez Mayor), Agente del Estado Peruano para el caso Chavín de Huantar (Pedro Cateriano) y la presidenta del Tribunal a cargo de resolver el referido caso (Carmen Rojjasi), en la que se trató, de las ejecuciones extrajudiciales relacionadas con el operativo Chavín de Huantar, las que venían siendo materia de un proceso judicial, se considera que constituye un acto de injerencia contra la independencia del Poder Judicial contemplada como un principio fundamental en esta Constitución.

Lo que se escucha en los audios se debe investigar, para establecer las acciones que se correspondan.

Asimismo, en lo hablado en los audios se estipula que el Estado tenía el derecho a ejercer la fuerza para rescatar a las personas secuestradas por el MRTA, por lo que –como todos en el país– reconocemos la valentía y el profesionalismo de los Comandos que participaron del operativo en el marco de la ley.

Sin embargo, nada justifica –legal y moralmente– la ejecución extrajudicial de quienes ya habían sido capturados, los que debieron ser juzgados y condenados a penas severísimas, dada la gravedad del delito cometido. De ahí la importancia de que lo ocurrido pueda ser investigado por el Poder Judicial de manera independiente, tal como lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al presentar el caso ante la Corte, lo que –según los audios– no se ha cumplido.

Es importante aclarar que la judicialización que se exige y que se estaba llevando a cabo, nada tiene que ver con la operación de rescate en sí misma, y menos con los Comandos. El caso se circunscribe a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales.

De otro lado, también queremos alertar de cómo estos hechos –condenables al margen de cualquier circunstancia– vienen siendo utilizados políticamente por diversos sectores que actúan en función de sus propios intereses, sin importarles el estado de derecho y lo que le conviene al país. Nos referimos principalmente a los fujimoristas (olvidándose que ellos durante los 90 se apoderaron y manipularon no sólo el Poder Judicial sino al conjunto de instituciones del país), y a los apristas (los que asimismo se caracterizan por intervenir permanentemente en la administración de justicia). En la misma actitud también están los medios de comunicación que ya han demostrado estar dispuestos a usar cualquier estrategia, incluida la guerra sucia, para tratar de imponer los intereses que representan.

Todos estos sectores están tratando de arrinconar y dejar sin salida al actual Gobierno, sin considerar que, si bien se trata de un régimen político que debe responder a una serie de cuestionamientos, ha sido elegido democráticamente y mantiene el ordenamiento constitucional.

Los fujimoristas están buscando igualmente utilizar la presencia del juez San Martín en la reunión grabada, para cuestionar la condena que se dictó contra Alberto Fujimori por los crimines de La Cantuta y Barrios Altos. Otro aprovechamiento político de lo sucedido, que debe ser rechazado, ya que dicha condena se produjo en dos instancias, y por unanimidad (lo que significa que ocho vocales de la Corte Suprema coincidieron frente a la responsabilidad penal establecida en la sentencia, además de dos fiscales supremos), luego de un juicio público que todos han calificado –incluido un número importante de observadores internacionales– de impecable. No olvidemos asimismo que la Corte Interamericana ya se ha pronunciado en relación a dichos casos, estableciendo la responsabilidad del Estado.

Por ello, el gran desafío de los sectores democráticos es criticar frontalmente lo que haya que criticar, pero defendiendo al mismo tiempo la vigencia de la institucionalidad.

Fuente: Ideele

Por: Esthefany Chacaltana / @EsthefanyCN

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Por Spacio Libre

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Un comentario sobre «Los audios del caso Chavín de Huántar: ¿Injerencia contra el Poder Judicial?»

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