Compartir
Conflictos como el de Conga podrían continuar y surgir otros similares con la implementación de la ley 30230 / Foto: Getty Images

 

Por: Luis Pacheco Quispe

“Se debe derogar la Ley 30230 porque afecta, no solo a los campesinos, sino a todo trabajador”, remarcó enérgicamente Antolín Huáscar Flores, representante del Pacto de Unidad, en contra de la mencionada ley que fue aprobada en julio de este año por el Congreso de la República. Ante esto, sectores de la sociedad civil advierten que hay algunos puntos en la ley que pueden traer consecuencias irreparables en la seguridad jurídica de los territorios de las comunidades campesinas y nativas, así como en contra del ordenamiento territorial, la paz social y el clima de inversión que promueve el gobierno.

Promover la inversión es bueno para la economía del país, pero no considerar las dimensiones del impacto que esto puede causar en el territorio al proponer normas parcializadas, es un error que se arrastra desde hace varios años. Cajamarca por mencionar lo más próximo y sonado. “La Ley 30230 se muestra poco entendible incluso para los abogados”, mencionó Richard Smith, miembro del Colectivo Territorios Seguros para las comunidades de Perú. Añadió: “Se debería derogar la ley o al menos el título 3 (…) Se muestra como la reforma de Velasco, pero al revés; se le quita al pequeño y se le da al grande, ¿Y el Ministerio de Cultura?”. El título 3, cabe recordarlo, está referido a los procedimientos de saneamiento legal de predios para proyectos de inversión pública y privada

Colectivos de la sociedad civil piden al Ejecutivo revisar esta norma / Foto: Spacio Libre (Luis Pacheco)
Colectivos de la sociedad civil piden al Ejecutivo revisar esta norma / Foto: Spacio Libre (Luis Pacheco)

Álvaro Campana, de la Plataforma Ordenamiento Territorial, se pronunció sobre el arremetido aumento de concesiones estos últimos años. “En varias zonas del país llegaron a triplicarse concesiones a empresas mineras y de hidrocarburos. El gobierno se muestra ausente en sus ministerios. La población no puede estar excluida, está allí y debería participar”, sentenció.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, expresó su preocupación por la Ley 30230. “Parece que tiene cosas menos favorables que favorables”. De esta manera se caería en lo que no se desea: espantar al inversionista. Al existir los conflictos sociales, el desorden territorial y estructural. Lo pensará más de dos veces antes de invertir su dinero.

Un breve vistazo a la Ley 30230 es perderse en un laberinto jurídico lleno de vacíos entre artículo y artículo. No es novedad que cuando se promulgan este tipo de leyes, las manifestaciones populares, sobretodo de los afectados directos, comiencen a crear un ambiente de inseguridad. Y razones no les falta pues los que están inseguros son ellos. Inseguros de un territorio que parece no ser suyo, inseguros de un gobierno que les da la espalda, inseguros de inversionistas que les prometen una mejora económica y se llevan más de lo que dejan. ¿Y el gobierno? Pásenle la voz.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

1 × 1 =