Cinco es el número de tratados limítrofes que el Perú suscribió para establecer sus actuales fronteras. Con Bolivia y Brasil se firmaron los respectivos acuerdos en 1909, con Colombia en 1922, con Chile en 1929 y con Ecuador en 1942. Augusto B. Leguía fue el gobernante que más tratados estableció: cuatro de cinco. Varios de esos documentos se complementaron con otros, como ocurrió con Colombia al firmarse un protocolo adicional en 1934.
En la actualidad el Perú solo tiene un tema pendiente en materia de límites. Es la controversia con Chile sobre la soberanía de una zona marítima de aproximadamente 37.900 km². Perú sostiene que la frontera marítima en esa área, no se ha establecido. Chile, por su parte, señala que sí, razón por la cual daba por cerrado el tema. Como la controversia prosiguió, el Perú estableció en el 2008 una demanda ante la Corte Internacional de La Haya, la que deberá emitir un falló en los próximos años.
Diez es el número de conflictos externos que el Perú ha tenido con otros países de América del Sur. Dos conflictos con cada uno de los siguientes países: Bolivia, Chile y Colombia. Además, se ha enfrentado militarmente en cuatro ocasiones con Ecuador. Cada uno de estos conflictos ha tenido sus propias peculiaridades. Así, en la guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana entre 1836 y 1839, aquel país contó con el apoyo de algunos militares y políticos peruanos.
Hoy en día no existe ningún conflicto inminente entre el Perú y otra nación sudamericana, siendo los conflictos en el frente interno los que cobran mayor importancia. La presencia del narcotráfico y la subversión en el VRAE es, en la actualidad, la principal amenaza que enfrenta el estado y la sociedad peruana. Y como ha ocurrido otras veces en la historia del Perú, la falta de conocimiento sobre la naturaleza del enemigo y el desorden de la lucha contra esas organizaciones parecen ser el común denominador.
Doce es el número de constituciones políticas que ha tenido el Perú. La de más larga duración fue la Constitución de 1860 que estuvo vigente, con ciertos intervalos, hasta 1919. La de más corta vida fue la Constitución de 1826, ya que solo duró siete semanas. Existieron constituciones de diversa naturaleza. La Constitución de 1856 tuvo poco consenso entre los grupos políticos de la época, pese a lo cual implementó algunas innovaciones como la formalización del Consejo de Ministros. Otro caso fue la Constitución de 1920, promulgada por Leguía, fue cuestionada desde su origen pues sirvió de cobertura legal al largo régimen del Oncenio. A pesar de todo esa Constitución introdujo algunos avances como el reconocimiento y defensa de las comunidades indígenas.
En la actualidad rige en el Perú la Constitución de 1993. Elaborada luego del autogolpe de Alberto Fujimori existe una fuerte controversia política y legal sobre la misma. Esa controversia, que cada cierto tiempo aparece en el debate público nacional, parece girar siempre sobre los mismos puntos: la legalidad-ilegalidad del origen de la Constitución y lo adecuado-inadecuado de su contenido en materia económica. Los críticos de la Constitución de 1993 plantean como alternativas el regreso a la Constitución de 1979 o la elaboración de una nueva Carta Magna.
Veinte es el número de años del periodo más prolongado de hegemonía política de los sectores civiles en el Perú. Entre 1899 y 1919, durante la etapa conocida como La República Aristocrática, los civiles controlaron la política nacional. Esos veinte años de hegemonía fueron brevemente interrumpidos, entre 1914 y 1915, por el coronel Oscar R. Benavides. La República Aristocrática fue un periodo de grandes contradicciones. Por un lado una pequeña élite, la oligarquía, se benefició del crecimiento de la economía nacional y del control del aparato estatal. En el otro extremo, una población, mayormente indígena y mestiza, fue excluida del uso de los recursos materiales y de la vida política.
Hoy el Perú lleva doce años de vida democrática con gobiernos civiles, sin embargo, el aprovechamiento del crecimiento de la economía y del control del estado parece no beneficiar a todos por igual. De la misma forma, la exclusión, es decir la ausencia de equidad y ética, sigue siendo una constante que afecta, especialmente, a los más pobres.
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