Lima, Perú (Spacio Libre/IDL).- La situación de la libertad de prensa, ha ido en constante deterioro en los países de la región Andina, según un informe sobre la libertad de expresión elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, el Consorcio Desarrollo y Justicia de Venezuela, el Centro Derecho y Sociedad (Cides) de Ecuador y Freedom House de los Estados Unidos.
Según el informe, en los últimos dos años, no se han verificado mejoras en ninguno de los países, con relación a la libertad de prensa y expresión, siendo en orden regresivo, los países con mayores problemas: Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú (con la misma puntuación) y luego Bolivia.
Cabe señalar que en este informe se presenta el caso de la clausura de la radio La Voz de Bagua, también fue presentado en el informe, así como otros casos de radioemisoras pequeñas y del interior del país que han sufrido intentos de clausura o de no renovación de sus licencias de funcionamiento por parte de las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este ha sido el caso de Radio Uno, de Radio Caplina en Tacna y de Radio Cutivalú en Piura.
Otro hecho importante en el Perú, tiene que ver con la apertura de algunos procesos penales, como el caso del periodista Acate Coronel. El Primer Juzgado Mixto de Alto Amazonas (región Loreto), abrió un proceso penal contra el periodista, por presunta complicidad en la comisión de delitos contra los medios de transportes, comunicación, contra la tranquilidad pública y los poderes del Estado, debido a la cobertura informativa que desarrolló el medio durante las protestas amazónicas.
Un aspecto importante del informe, son los temas y situaciones que han ido afectando la libertad de expresión entre el año 2008 y 2009 en los países Andinos; como por ejemplo, el auge por las reformas legales e institucionales, las expresiones de intimidación e intolerancia por parte de funcionarios públicos, la utilización del aparato estatal para coartar la libertad de expresión, los procesos penales y administrativos contra periodistas o medios de comunicación, los abusos o discriminación en la distribución de la publicidad oficial, y los riesgos y amenazas que se ciernen sobre los procesos electorales.
En el tema de las reformas legales, el informe detalla, en el caso peruano, el proyecto de ley que pretendió aprobar una norma que le devolvía a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), facultades fiscalizadoras en contra de algunas ONGs.
Además, se informa sobre la iniciativa legal del proyecto de ley Nº 2993/2008-PE, que establecía una sanción de 3 a 5 años de cárcel para el que “reproduce o adquiere de forma directa e indirecta” registros de información obtenidos ilícitamente. Con esto, el Ejecutivo pretendía imponer una sanción penal a aquellos periodistas o personas naturales que reciban y/o difundan materiales o documentos (como audios o videos) que contengan hechos de interés público (como actos de corrupción), así ellos no hayan participado de la verdadera actividad delictiva, que es el interceptar o grabar sin consentimiento de los participantes conversaciones u documentación privada.
Finalmente, se realizan algunas recomendaciones para ser tomadas en cuenta por los gobiernos de la región, como el diseño de políticas públicas (cuando se involucre reformas legales vinculadas con el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación), que los Estados sigan los estándares internacionales de protección de este derecho a la libertad de expresión, entre otras.
El informe contiene cifras y datos importantes de los países de la región y señala “que las agresiones a la libertad de expresión son preocupantes y necesitan que sean atendidas adecuadamente por los Estados a fin de dar cabal protección a este derecho fundamental”.
Este informe fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 23 de marzo de 2010 y centra su estudio en Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú; e identifica los temas más preocupantes que afectan la libertad de expresión en estos países. El estudio, se basa en los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial (1996-2008), en el índice de prensa de Freedom House, y en los informes anuales de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH (1998-2008).
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