Buenos Aires (Reuters).- El Gobierno y los productores agropecuarios argentinos tomaron este martes las calles de Buenos Aires con dos masivas manifestaciones antagónicas, enfrentados por un impuesto a las exportaciones de granos que hundió al país en una crisis política.
En medio de una profunda crisis política, el Senado argentino decidirá el miércoles si ratifica el polémico proyecto tributario que desató la furia del sector rural, que tiene en sus manos buena parte de la riqueza de un país que es uno de los mayores proveedores globales de alimentos.
El Gobierno no tiene aún garantizada la aprobación legislativa del gravamen, que fue girado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández para legitimar el aumento impositivo tras meses de huelgas rurales, bloqueos de rutas y desabastecimiento de alimentos que desgastaron su imagen.
El proyecto eleva los impuestos a las ventas externas de soja, la principal exportación argentina, para recaudar más fondos que financien un creciente gasto público y controlar los precios internos de los alimentos en un país con una inflación que, según analistas, supera el 20% anual.
Fernández y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, eligieron defender el proyecto poniendo al sector rural como un «enemigo» del pueblo y de la democracia, y el miércoles la poderosa estructura del gobernante partido peronista llenó la plaza frente al Congreso.
«No quieren compartir ningún esfuerzo con el resto de los argentinos. Las retenciones (impuestos a las exportaciones) permiten que ustedes puedan comer a costos nacionales», dijo Kirchner despertando la ovación de la multitud.
Negociación legislativa
Los medios argentinos mostraron las dudas que aún tienen algunos senadores oficialistas, que no saben si apoyar con su voto la propuesta del Gobierno porque están siendo presionados por los productores de sus provincias para que rechacen la iniciativa.
«Si el resultado es desfavorable nos queda el recurso de la justicia, porque sería una ley inconstitucional, y nos queda el derecho a la protesta», dijo Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina.
En el caso de que el Senado -con mayoría oficialista- apruebe el proyecto sin realizar ningún cambio, el conflicto podría volverse crónico e impulsar rupturas dentro del peronismo y también entre las asociaciones agropecuarias, dijo a Reuters el analista político Roberto Bacman.
Pero, si pierde la votación en el Senado, «para el Gobierno va a ser una catástrofe y hay que ver cómo se reposiciona, aunque va a ser duro», añadió el experto.
El sistema de impuestos móviles a la soja fue modificado en diversas oportunidades para contener su impacto sobre los productores de baja escala al reintegrarles parte del tributo. Pero, el sector agropecuario considera insuficientes los reintegros ofrecidos por el Gobierno, porque cree que la intrincada burocracia dificultará su cobro.
Fotos: Agencias
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