Lima, Perú (Spacio Libre).- Durante el segundo Gobierno del expresidente aprista, Alan García Pérez, al parecer se cometió un exceso en la conmutación de penas, puesto que se liberó a un número considerable de reos que cumplían penas por narcotráfico principalmente, lo cual vuelve sospechoso el criterio que se usó para decidir su liberación.
Dentro de esta controversia, se puede hallar el caso de 25 militantes apristas, quienes obtuvieron la gracia presidencial y de esta manera ganaron su libertad cuando cumplían sus respectivas penas por narcotráfico.
Según informó la revista Velaverde, entre los 25 apristas que “ganaron” la reducción de su respectiva pena, se puede mencionar a Amelia Emperatriz Reyes Alfaro, quien cumplía con una pena de 15 años por el delito de narcotráfico; ella obtuvo una reducción de la pena carcelaria a 6 años, por lo que pudo recuperar su libertad en julio del 2011. Otro caso conocido es el del aprista Euler Nilo Bedoya Jijuma, quien en el 2002 fue detenido con un balón de gas que contenía 12 kilos de pasta básica de cocaína por lo que fue condenado a 15 años de prisión, pero fue reducida su pena por la gracia presidencial, lo que hizo que saliera en libertad el 2010. Ambos casos han sido analizados por la Megacomisión que investiga estos casos de indultos presidenciales.
Asimismo, es resaltante el caso de tres personajes fuera de estos 25 militantes apristas, cuyas penas también fueron reducidas después de que se retiraran oficialmente del partido aprista en dos de los tres casos (Nazaria María Mudarra Valencia y Kelvin Alberto Saavedra Ushiñahua), y en el tercero, el de Celinda Julia Moya Castillo, pasó lo contrario, pues se retiró de las filas del APRA luego de que se le concediera el indulto en mayo del 2008.
Se debe de recordar la polémica en la que se encuentra el gobierno anterior, pues uno de los miembros que integraba la comisión que veía las gracias presidenciales, había sido condenado por el delito de narcotráfico (al haber pertenecido a la banda “Los Norteños”) y posteriormente indultado antes de integrar aquella comisión. Este es el caso de Manuel Huamán Montenegro, quien aparte le mintió al Estado al no declarar sus antecedentes al momento de postular al cargo que ostentaba, por lo que será acusado por la Fiscalía por el delito de falsedad genérica. Huamán había salido de la cárcel el año 2007 y hasta el 2012 estuvo trabajando en la comisión que veía las gracias presidenciales, y aunque él mismo se retiró de esa comisión, es muy sospechoso que lo haya hecho justo cuando salió una denuncia en su contra, hecha por un reo del Penal de Lurigancho, en la cual se explicaba que Huamán le estaba cobrando al reo por otorgarle el indulto. Esto podría explicar parcialmente la razón para que el gobierno de García Pérez haya otorgado la reducción de penas a tantos narcotraficantes, entre los que hay apristas, y además, algunos que son extranjeros.
Se debe resaltar que el hecho de que se hayan encontrado tantos casos, y que cada día aparezcan nuevos casos de “narcoindultos” en el gobierno anterior, ha hecho necesario que se disponga de más tiempo para su debida investigación. Por esta misma razón, la Megacomisión solicitará una ampliación de 120 días para poder continuar con la investigación, además de informar los avances del equipo de trabajo. Asimismo, esta megacomisión ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones a 43 personas que formaron parte de la comisión de las gracias presidenciales y que estarían implicados en este polémico problema.
Por su parte, Alan García estaría intentando quitar del ojo público el tema de los narcoindultos, en opinión del especialista en temas energéticos Manuel Dammert, pues con las recientes críticas vertidas por el expresidente al referirse al Gobierno con los adjetivos de estatista y chavista debido a la pretensión de PetroPerú de querer comprar Repsol.
Por otro lado, dentro de la lista de apristas sentenciados por narcotráfico y posteriormente indultados por el gobierno de su partido, se encuentran también Pablo Bocanegra Ordóñez, Cynthia Silvana Ramírez Picón, Ricardo Santisteban Suclupe, Rosa Aurora Cuentas Elguera, etc, quienes cumplían con una condena de un promedio de 10 años, que les fue reducida en varios años.
Con información de Revista Velaverde y Diario16
Por: Lizardo Silva / @lizardodavid
Sobre el autor
