Por: Cynthia Sánchez / @CynthiaVST
Gisela Ortiz es directora de Operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), además forma parte de aquellos quienes perdieron a un integrante de su familia en la época más oscura que se vivió en nuestro país: la violencia interna, la cual dejó un saldo de 69,200 victimas mortales y más de 15 mil desaparecidos, según informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Justicia para Luis Enrique. La batalla más dura de su vida fue buscar justicia para su hermano Luis Enrique al igual que los familiares de los ocho estudiantes y del profesor Hugo Muñoz de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle , quienes fueron secuestrados y asesinados en 1992 por el grupo Colina, escuadrón de la muerte comandado por Santiago Martin Rivas y el ex asesor Vladimiro Montesinos.
La lucha fue desigual, señala Gisela, debido a que se enfrentaban a un gobierno dictatorial donde todos los poderes estaban controlados al igual que los medios de comunicación, “fue una lucha desigual, los familiares de las víctimas frente a todo el aparato del Estado en plena dictadura de Fujimori quien controlaba el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y a los medios de comunicación. Lograr que nuestra denuncia salga en los medios (radio, periódicos o TV) nos costó muchos meses hasta que el caso se hizo público en el Congreso Constituyente Democratico”.
Asimismo, no solo se enfrentaban a un poder judicial corrupto sino a la estigmatización, “Otra lucha larga que hasta ahora seguimos haciéndola es contra la estigmatización. Fujimori utilizó la justificación que nuestros familiares eran terroristas y por eso los mataron y esa “creencia” entre sus seguidores y la gente que defiende su dictadura, persiste hasta ahora cuando se mancilla la dignidad de las víctimas para justificar crímenes de violaciones a los derechos humanos”, precisó.
A pesar que fue un proceso desgastante, recién en el 2001 lograron abrir un nuevo proceso por La Cantuta, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado por el caso Barrios Altos, reconoce que para luchar contra la impunidad era y es necesario la unión de los sectores políticos y sociales, “fue un proceso largo, desgastante pero de muchos aprendizajes; donde aprendimos a valorar la solidaridad y reconocer que esta lucha contra la impunidad no la podemos ganar solos sino que se tienen que convocar otros sectores sociales o políticos para sumar”, aseveró.
Igualdad para todas las víctimas.
“La reparación civil o económica significa el reconocimiento, desde el Estado, al daño individual causado. Siendo la desaparición o ejecución extrajudicial un crimen de lesa humanidad que deja secuelas en las víctimas, el daño es incalculable. Por eso la importancia que el Estado reconozca que las víctimas por acción de sus agentes u omisión de sus responsabilidades, merecen ser resarcidos en la integridad de sus derechos vulnerados. Humala se comprometió a reparar de manera digna a las víctimas durante su gobierno; en la gestión de la Dra. Isabel Coral frente a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) se realizaron una serie de consultas con las organizaciones de familiares para ampliar el monto de la reparación a 10 UITs (S/. 36,000), lamentablemente con el cambio de gabinete y de los funcionarios que estaban a cargo de las reparaciones, esta avance se desconoció nuevamente.
No sólo está la reparación dada por el Estado a los familiares del Dr. Giusti sino a ronderos, policías o militares víctimas del conflicto armado, así como las sentencias de la Corte Interamericana que establecen montos mayores y que genera discriminación desde el Estado a las víctimas y enfrentamiento entre las propias víctimas“.
Hora de aprender la lección.
“La historia y las víctimas de estos últimos años, nos demuestran que no es cierto, que si bien el terrorismo no tiene la misma fuerza que en los 80 o 90, sigue operando en zonas “exclusivas”. Es lamentable que hasta ahora, no se tenga una estrategia para hacerle frente a este problema, no sólo desde el punto de vista militar sino con presencia del Estado y la atención a la población que vive en esas zonas y que ahora ha sido desplazada a otras ciudades dejando sus casas, chacras, pertenecías y volviendo a generar el mismo problema de desplazamiento forzoso y tierra arrasada como política. Teniendo servicios de inteligencia activos, deberían trabajar en la ubicación y conocimiento de estos remanentes para cavar con el problema usando la inteligencia militar.
La sensación de que somos incapaces de aprender la lección siempre me preocupa cuando nos damos cuenta la manera como enviamos a nuestros soldados a enfrentar la muerte, desprotegidos, sin alimentos, los abandonamos sin humanidad, además de todas las secuelas de dolor, muerte y drama social que dejamos en las poblaciones afectadas.”
Sobre el autor
