Las coordinaciones para realizar la diligencia en la isla El Frontón se realizaron desde el 15 de abril. Pese a que les confirmaron que podrían disponer del transporte para ir a la isla, ayer les comunicaron que “por órdenes de una alta instancia ya no se les podría brindar las facilidades”.
Cuando la fiscal se acercó a la Dirección General de Capitanía y Guardacostas para pedir una explicación, su director ejecutivo, el contralmirante Javier Gaviola, y la Comandancia General de la Marina, le dijeron que el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, se oponía e impedía que se le dé las facilidades solicitadas por la Fiscalía.
La fiscal Ibáñez se mostró preocupada por la actitud del Ejecutivo, en especial por la intromisión y el abuso de poder demostrado por Flóres Aráoz, quien –según ella–quiere impedir a toda costa que una fiscal cumpla con su función.
“Zapatero a sus zapatos. Yo no me meto en los problemas del VRAE, él (Flores Aráoz) no puede meterse en la función del fiscal”, enfatizó.
Ibáñez agregó que ese acto de abuso de poder, de intromisión, vulnera la autonomía del Ministerio Público y la base de la democracia (autonomía de poderes). Además, perjudica gravemente el caso del Frontón al retrasarlo aún más. Asimismo, el despacho de Ibáñez informó que está evaluando las acciones a seguir.
Trabas por parte del titular de Defensa vulneran autonomía del Ministerio Público y ponen en peligro la investigación.
“El ministro Antero Flores Aráoz puede ser acusado por abuso de autoridad y de poder. Hay una responsabilidad política y penal delministro porque no se puede, en base al poder de dar facilidad, impedir la función de una fiscal. Es un tema muy delicado”, precisó Ibáñez.
Niega acusación
Consultado al respecto, Flores Aráoz negó obstruir la investigación que lidera la fiscal Ibáñez. Por otro lado, señaló que si la fiscal necesita algo debe remitirse directamente al MINDEF y no a la Capitanía, ya que ese sería el canal regular para esa gestión.
Caso El Frontón corre peligro
La fiscal Ibáñez puntualizó que la investigación ha concluido en primera instancia y que está a disposición del Ministerio Público para que este decida si la denuncia procede o se archiva.
“Mi despacho ha estimado que para tomar esa decisión final debe verificar qué es lo que el proceso tiene que valga como prueba, por eso he procedido a verificar la escena del crimen. Y esto es lo que impide el ministro. Sin esta verificación no podré sostener un juicio ante los vocales por este caso”, explicó.
David Lobatón, director de IDL, señaló que las leyes indican que todas las autoridades están en la obligación de colaborar con una investigación fiscal, sea la del Frontón o cualquier otra y que, de continuar con esa actitud, Flores Aráoz podría enfrentar una acusación constitucional.
Lobatón recordó que hace 15 días el Poder Judicial y el Ministerio Público defendieron que el Estado estaba judicializando correctamente el caso de violación de DDHH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegurando que el Estado estaba agotando todos los esfuerzos para sancionar a los responsables, por lo que justificó la reacción de la fiscal Ibáñez.
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