Por Javier Contreras
@javier_contmar
El Ejecutivo, amaneció este viernes con todas las facultades que quiere, para legislar en materia de economía y de seguridad ciudadana. Seguramente, tras la maratónica sesión en el Pleno, el presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano le pegó una llamada al presidente Humala y le dijo «Tarea cumplida, los convencí». Sin embargo, tendrá 90 días para demostrar que las leyes que se emitan podrán dinamizar la economía y lograr que sectores tan estancados como vivienda repunten en 5% y además, que el índice de inseguridad ciudadana se reduzca, que hayan menos robos al paso, atracos y demás. ¿Lo logrará?, cuando el INEI emita su informe de junio tendremos un panorama y lo ratificaremos al fin de año.
Sin embargo, hay voces que sostienen que dichas facultades en vez de apuntalar la senda del crecimiento, son una jugada más en favor de los poderes económicos que intentan controlar el país.
Es el caso del congresista Manuel Dammert, quien en la misma sesión del Pleno alertó que el gabinete y la ministra de eneregía Rosa María Ortiz quieren facultades legislativas para continuar con los faenones en la reexportación del gas natural para entregarle a la empresa Shell US$ 20 mil millones en regalías que dejará de pagar esa empresa.
Otro legislador que manifestó su rechazo fue Ángel Neyra (Fuerza Popular), vicepresidente de la comisión de Comercio Exterior y miembro titular de la comisión de Producción, quien manifestó que en parte de las medidas que se darán en el ámbito productivo, llama la atención que se hable de implementación de los parques industriales y ecosistemas productivos, cuando existe la Ley de Parques Industriales Tecno-ecológicos (PITE) con un reglamento recientemente publicado y que forma parte del Plan de Diversificación Productiva.
“Este Gobierno trata de sacarle la vuelta a la Ley 30078 PITE para satisfacer intereses ajenos al espíritu de la misma, y para que solo sus Ministerios puedan ejecutar estos proyectos ¿y dónde quedan los Gob. Regionales y locales?”.
Neyra Olaychea también indicó que en el literal “d” del artículo 2 y en la exposición de motivos del PL 4562 para la delegación de facultades, se señala la necesidad de establecer un marco legal adecuado que permita que más inversionistas puedan acceder al mercado de la deuda pública peruana.
“Esto puede interpretarse como que el Estado avalará a los privados, quienes si en caso incumpliesen sus compromisos de deudas ante terceros, estas podrían ser asumidas como deuda pública”.
Asimismo, alertó que se estaría buscando formalizar el tráfico de terrenos con fines electorales, ya que en la exposición de motivos del Proyecto de Ley se propone implementar programas de adjudicación de lotes y regularizar las posesiones informales, a través de procedimientos a cargo de COFOPRI.
SEGURIDAD CIUDADANA
Desde su cuenta de Twitter, el abogado Erick Iriarte, advirtió que en el proyecto de Facultades pedidas para seguridad ciudadana dentro del apartado «B» hay solicitudes que puede vulnerar las libertades de comunicaciones y secreto financiero.
El presidente Humala tendrá que ser el que, con logros, responda a los detractores que le salen al paso. No sea que estas facultades sean solo para seguir haciendo las cosas mal.
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