Lima, Perú (DEMUS).- La justicia cerró sus puertas a las más de dos mil mujeres que entre los años 1990 y el 2000 fueron esterilizadas contra su voluntad como parte de una política pública aplicada por el gobierno de Alberto Fujimori en las gestiones de los ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Jorge Parra.

Para el Ministerio Público no configuró delito de lesa humanidad y por lo tanto prescribió, archivando definitivamente la denuncia dejando impunes a los funcionarios comprometidos, contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos.