Publicado enDerechos Humanos Esterilizaciones forzadas Perú

Urge sistema de registro que determine real magnitud de esterilizaciones forzadas

Foto: Spacio Libre
Lima, Perú (DEMUS).- La vulneración a los derechos de miles de mujeres pobres, quechuahablantes, de zonas rurales e indígenas durante el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del régimen fujimorista fue y sigue siendo un tema sensible para la ciudadanía y como tal, causó el compromiso político del presidente Humala para no permitir la impunidad de los responsables.

“Es hora de determinar la real magnitud del daño producido, es decir el número de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento, los mecanismos que se utilizaron en la ejecución, así como las consecuencias de esas prácticas, e iniciar el camino hacia la reparación” sostuvo Rossy Salazar, responsable de la Línea Jurídica de DEMUS.

“¿Cuántas mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad durante el fujimorato? Es una de las preguntas sin respuesta, que se podría resolver mediante la implementación de un sistema de registro, que permitiría reparar a las víctimas” precisó Salazar.

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Movimiento de derechos humanos denunció desde 1996 las esterilizaciones forzadas

Foto: DEMUS
Lima, Perú (Spacio Libre).- María Isabel Cedano, representante de DEMUS, nos hace llegar esta cronología que demuestra que desde el año 1996, las organizaciones feministas y de derechos humanos, denunciaron las esterilizaciones forzadas ejecutadas por el régimen de Alberto Fujimori, que hoy su hija, exprimera dama y candidata presidencial Keiko Fujimori pretende desconocer y rechazando así el comentario hecho por Rafael Rey (candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza 2011), según el cual el movimiento de Derechos Humanos, no asumió el tema ni formuló denuncias ni investigaciones

1996: Organizaciones locales de mujeres y derechos humanos comenzaron a informar sobre abusos.

1996: CLADEM, realiza la investigación Silencio y complicidad: Violencia contra las mujeres en los servicios públicos de salud en el Perú, donde encuentran los primeros indicios y evidencias sobre los abusos respecto a la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996–2000 (PNSRPF).

1997: Organizaciones feministas empiezan a hacer llegar a la Defensoría del Pueblo información sobre las primeras denuncias de casos de EF.

1997: CLADEM presenta queja contra el Hospital Rural de Tocache, pues la señora M.M.C. había fallecido, presumiblemente, a consecuencia de la ligadura de trompas. Por otro lado, la señora B.A.S., quien también había sido esterilizada en el Hospital Rural de Tocache, sostenía no haber recibido la consejería previa a esta clase de intervenciones quirúrgicas, y haber tenido complicaciones después de la intervención, sin que fueran debidamente atendidas.