Lima, Perú (Spacio Libre/La República).- La Defensoría del Pueblo invocó al Congreso a justificar la acusación constitucional que le impuso al ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi por un presunto conflicto de intereses cuando dirigía la citada cartera en el 2002.

“(…) la obligación de motivar debidamente una decisión también alcanza al Congreso de la República, aun cuando tome decisiones de contenido político como una sanción derivada de juicio político por infracción constitucional”, refiere el documento de la Defensoría.