Cuando el caso «Lava Jato» parecía no poder complicarse más, la noche del miércoles se desarrolló un nuevo capítulo que puede poner en jaque el proceso que el Estado realiza para evitar que Odebrecht se salga con la suya.
Redacción Spacio Libre
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Foto de portada: La República
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, informaba en RPP Tv que la procuradora Katherine Ampuero era retirada de su cargo porque se le había retirado la confianza al no cumplir con el decreto de urgencia 003-2017 y exigir que Odebrecht continúe a cargo del proyecto Olmos, en Lambayeque.
¿Pero qué dice el decreto de urgencia 003? Dicho documento, que la misma ministra Pérez Tello explicó ante el congreso, establece una serie de medidas para evitar la paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas, con el fin de evitar la ruptura de la cadena de pagos «que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país, como consecuencia de actos de corrupción efectuados por o a través de empresas concesionarias o contratistas, o de sus socios o partes del consorcio, que hayan sido condenadas o hayan admitido la comisión de delitos contra la administración pública o de lavado de activos, a fin de coadyuvar a la sostenibilidad económica, así como cautelar los intereses del Estado en el marco de la Constitución y las leyes».
En castellano, el decreto buscaba proteger el pago de las reparaciones civiles que se iban a aplicar contra Odebrecht, OAS, y otras empresas que resulten responsables de los hechos de corrupción en el marco del caso «Lava Jato».
Para la titular del MINJUS, Ampuero no garantizó ello al paralizar la venta del proyecto Olmos en manos de Odebrecht. Esta transacción iba a generar un monto para Odebrecht que, según Pérez Tello, iría a parar a un fideicomiso que serviría para el pago de la reparación civil que la misma procuraduría debería definir.
Pérez Tello declaró, que al ocurrir esta situación Ampuero iba en contra de los intereses del Estado, razón por la cual le solicitó a Julia Príncipe, jefa de los procuradores, que retire del cargo a Katherine Ampuero. Pedido al cual Príncipe no accedió.
Mientras la ministra de Justicia informaba esto la noche del miércoles, en otros medios Ampuero mostraba su extrañeza por este «despido en vivo», mientras que Julia Príncipe decidía renunciar en público en otro medio de comunicación señalando que «nuevamente me sacan por luchar contra la corrupción». La lectura entre líneas era que Ampuero y Príncipe salían de sus cargos por la decisión de investigar al presidente Kuczynski por el caso Chinchero.
Como se recuerda, Julia Príncipe fue retirada de su cargo durante el gobierno de Ollanta Humala, luego que su despacho iniciara las pesquisas en contra de la entonces primera dama, Nadine Heredia.
«LE PEDIMOS QUE SE QUEDE»
La ministra de Justicia declaró hoy que Príncipe debió ser la encargada de transmitirle esta decisión a Ampuero y que desconoce por qué no lo hizo. «Ella se mostró en contra de esta decisión y dijo que no la sacaría». Asimismo Pérez informó que le pidió a Príncipe que si renunciaba se quede como asesora de la cartera a lo cual no accedió.
Así las cosas ahora se abre un nuevo capítulo en este caso.
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Marco Mejía Ortiz