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Foto: Internet

 

Lima, Perú (Spacio Libre).- El 3 de agosto se cumplió una década de la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en nuestro país. El Instituto Prensa y Sociedad encuentra en esta fecha, la ocasión más acertada para decir que persiste un serio problema de vigencia del derecho de acceso a la información pública y del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Estado.

Pese a los esfuerzos de muchas instituciones públicas y organizaciones civiles interesadas en la materia, el progreso en la aplicación de esta ley no ha pasado de una simple formalidad pues posee una precaria sostenibilidad.

El modelo no establece incentivos institucionales suficientes para el cumplimiento de las solicitudes de información de las personas y de las obligaciones de transparencia de las entidades públicas. Ante los incumplimientos, los afectados deben recurrir al Poder Judicial a través del proceso de habeas data, el cual es un mecanismo significativamente oneroso en recursos y oportunidad, sobre todo porque algunas investigaciones muestran que a pesar de obtener sentencias favorables, las personas tienen serias dificultades para ejecutarlas. Al ciudadano   se le impone un largo y costoso camino, una penalidad para acceder a un derecho, cuya satisfacción si no es inmediata deviene muchas veces en irreparable.

La principal debilidad del diseño es la ausencia de una institucionalidad técnica, especializada y suficientemente autónoma, que se encargue de la implementación de la Ley de Transparencia en todo el Estado y de la resolución de conflictos en sede administrativa entre las entidades públicas y las personas que solicitan información.

La autoridad de cumplimiento es una herramienta que ha mostrado eficacia, sobre todo en México y Chile.

Por ende, consideramos imprescindible que el Estado peruano avance en el esfuerzo de implementar una autoridad de cumplimiento con las características anotadas, sobre todo después que el reciente Presidente del Consejo de Ministros ha anunciado la creación de una “…autoridad nacional de transparencia en el país para exigir que todas las entidades cumplan con los mandatos de transparencia, a efectos de poder lograr las metas que buscamos en el ámbito de la honestidad”.

 El IPYS señala que la iniciativa debe  ser complementada con otras obligaciones que el Estado ha incumplido en esta materia. Ello implica la inversión en capacitación de funcionarios, difusión en la población de los alcances del derecho de acceso a la información, elaboración de indicadores que permitan medir los avances o los problemas de implementación de la Ley de Transparencia, así como la elaboración de un régimen sancionador claro y eficaz ante los incumplimientos de dicha norma.

La iniciativa de una de esta naturaleza ha sido formulada por la Defensoría del Pueblo en 2011. Cuenta con el apoyo del IPYS y de varios congresistas. A la fecha no se conocen el contenido de la propuesta gubernamental ni los plazos de su implementación. En este contexto, consideramos imprescindible que las organizaciones civiles que durante estos diez años de promulgada la Ley de Transparencia han trabajado en garantizar su cumplimiento, realicen propuestas para garantizar el correcto diseño de la anunciada autoridad nacional de transparencia.

 Por: Kathy Alva / @kathialva2303

A 10 años de la Ley de Transparencia, IPYS hace un balance sobre el tema

Aproximadamente un año le tomó al periodista Christopher Acosta, de la agencia INFOS, realizar la investigación periodística sobre una ilegal utilización de fondos públicos por parte del alcalde de Trujillo, César Acuña, y sustentarla documentalmente. Para lograr su propósito, Acosta realizó alrededor de 30 solicitudes de acceso a la información pública.

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Por Spacio Libre

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2 comentario sobre «Diez años sin cumplirse: Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública»

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