Por: Carlo Magno Salcedo Cuadros
El partido político promedio en el Perú confecciona sus listas de candidatos más o menos de la siguiente manera. Dado que la Ley de Partidos Políticos lo obliga a hacer elecciones internas para designar a sus candidatos a cargos de elección popular, es eso lo que debe hacer. Democracia interna, que le dicen.
Claro: esto de que nuestro partido promedio haga elecciones internas es un decir. En verdad, simula hacerlas. Sus elecciones internas solo existen en los papeles, en las actas o documentos que deberá presentar en su momento para inscribir sus listas de candidatos. En todo caso, no realiza un verdadero acto democrático de elección partidaria, sino celebra una pantomima, una farsa de acto electoral para justificar el hecho de que sus listas de candidatos, en todo el país, hayan sido elaboradas por un pequeño grupo (el caudillo del partido y sus más allegados; su cogollo, dirían algunos) en alguna casa u oficina en Lima. Quizá en Camacho, tal vez en Miraflores.
Pero supongamos que nuestro partido promedio es algo más orgánico (o, mejor dicho, menos inorgánico) y tiene algo de militancia que hace algo de vida partidaria, cuando menos en época electoral, y organiza elecciones internas y permite una sana competencia que a veces incluye la posibilidad de que no se presenten “listas únicas” o “listas de consenso”. Hasta allí muy bien. Sin embargo, aquí viene el problema: sus resultados no son respetados, por lo que el proceso electoral interno, hay que decirlo por su nombre, deviene fraudulento.
Qué otro nombre puede recibir si no el hecho de que las listas de candidatos que este partido-promedio-algo-menos-inorgánico presenta para inscribirlas ante el Jurado Nacional de Elecciones no sean las mismas que las que resultaron de sus comicios internos. Esto obedece a que, contra la “decisión de las bases”, tal como ocurre con el partido-promedio-totalmente-inorgánico-que-hace-elecciones-de-farsa, sus listas de candidatos de todo el país son finalmente elaboradas por un pequeño grupo en Lima: el caudillo o “caudilla” (incorporamos acá la perspectiva de género y su lenguaje inclusivo) y la cerrada cúpula que lo (la) rodea. Quizá en algún local partidario, aunque es más probable que también se elaboren estas listas en alguna casa u oficina de Camacho o Miraflores, o en algún fundo de Ate.
¿Cómo es, entonces, que estos nuestros partidos políticos promedio confeccionan de verdad sus listas de candidatos? Queda claro que la voluntad democrática de la militancia expresada en sus elecciones internas no es el factor determinante. El quid del asunto, digámoslo sin rodeos, está en los “aportes de campaña”. Con ese nombre se esconde la práctica de una suerte de compra-venta o subasta de lugares en las listas de candidatos, una especie de mercado negro de la política. Los puestos ya están tarifados y se entregan al mejor postor. Siempre, el primer lugar de la lista, el número uno, estará más cotizado que los demás, aunque puede ser que el último goce de cierta apreciación por tener un número de buena recordación.
Ciertamente, no todos los puestos de las listas se compran o se venden. Algunos partidos promedio, los más inorgánicos, aquéllos que prácticamente solo son una marca electoral inscrita en el Registro de Partidos Políticos, propiedad de un caudillo, ofrecerán al mercado negro de la política la gran mayoría de puestos (hay algunos que no tienen valor de mercado). Otros partidos promedio, los que son algo menos inorgánicos, destinarán un porcentaje importante (generalmente los puestos que tengan mayor valor de mercado) a dicho mercado negro, asignarán otros para hacer alianzas con grupos o caudillos regionales o locales, y reservarán algunos más para los militantes de verdad.
En el contexto recién descrito, ¿es de verdad posible que la supresión del voto preferencial —la gran panacea, como se la ha pretendido presentar— contribuiría al fortalecimiento de los partidos o a su institucionalización? Si se la promueve como medida aislada o principal, estamos convencidos de que no.
Desde hace más de un lustro, tiempo en el que empezó una fortísima campaña que tenía como fin “suprimir el voto preferencial para fortalecer a los partidos” (así nada más, sin acompañarla con otras medidas que permitan sugerir la existencia de una reforma integral y coherente), he venido advirtiendo que no debe eliminarse el voto preferencial sin antes garantizar una efectiva democracia interna; de lo contrario, al único que se fortalecerá es al caudillo y a las cúpulas partidarias, que seguirán conformando las listas de candidatos a su antojo, quitándoles a los ciudadanos el único elemento correctivo que en el actual contexto tienen a su alcance: la posibilidad de modificar, a través del voto preferencial, la conformación de esas listas arbitrariamente elaboradas.
A lo dicho hay que agregar un aspecto de naturaleza microeconómica. El efecto inmediato de suprimir el voto preferencial manteniendo los actuales mecanismos para confeccionar las listas de candidatos o las actuales condiciones antidemocráticas de la “democracia interna” en los partidos políticos, sería que el valor de los primeros puestos en el “mercado negro” de la política al que nos hemos referido se incrementaría, lo que elevaría las tarifas actuales y la rentabilidad para los dueños de la marca partidaria. Dudamos de que ello contribuya a fortalecer a los partidos; aunque, sin duda, habría algunas economías personales que estarían muy agradecidas.
Hace poco, una parlamentaria expuso en un evento público su experiencia particular con la democracia interna y el voto preferencial. Ella había sido elegida por su partido como la primera de la lista en su región; sin embargo, en el rol definitivo confeccionado por la dirigencia nacional fue desplazada al tercer y último lugar. Si la lista hubiera sido cerrada y bloqueada (sin voto preferencial), esta militante elegida por las bases regionales como su primera opción, pero postergada al último lugar por la cúpula, no hubiera sido elegida, ya que su partido obtuvo solo una curul en esa circunscripción. En su lugar, el respectivo escaño estaría ocupado por una persona ajena a las bases, impuesta desde Lima. Si esta congresista ocupa ahora su curul, como lo quería la militancia del partido en su región, es gracias al voto preferencial.
Es verdad que el voto preferencial ha tenido ciertos efectos perniciosos en la dinámica de los partidos políticos. Sin embargo, suprimirlo sin atacar el problema de fondo, la ausencia de una verídica democracia interna, sería un remedio más letal que la enfermedad.
Tal como ocurrió con el caso descrito, el voto preferencial permite cuando menos corregir en algunos casos las decisiones arbitrarias de los mandamases de los partidos. Por eso, de acuerdo con lo que confesó la misma congresista, mientras la dirigencia de su partido es de la idea de suprimir el voto preferencial, los congresistas del mismo partido están en contra, ya que “son hijos de él”.
Por cierto, a los pocos días la Comisión de Constitución del Congreso archivó la propuesta de suprimir el voto preferencial. Aunque algunos han lamentado esa decisión, creemos que es lo mejor que ha podido ocurrir en las actuales circunstancias, en la medida en que esa propuesta no ha estado acompañada de una voluntad seria de afianzar la democracia partidaria interna.
Insisto: el “combo” debe ser supresión del voto preferencial más reforma, para tener una verdadera democracia interna. Incluso podría ser que primero se reforme la democracia interna y solo después se suprima el voto preferencial. Nunca al revés.
Ahora bien: hay que anotar que ya antes se ha intentado reformar las reglas sobre democracia interna de la Ley de Partidos Políticos, pero las dirigencias partidarias siempre han encontrado la forma de sacarle la vuelta a la norma para seguir imponiendo su particular forma de confeccionar sus listas de candidatos.
De tal modo, no encuentro otra forma de lograr la necesaria democracia interna si no es trasladando a los organismos electorales, en el marco de sus respectivas competencias, la organización, fiscalización y juzgamiento de las elecciones internas de los partidos, y transformándolas en elecciones primarias.
Así las elecciones primarias de todos los partidos se realizarían en la misma fecha y serían organizadas por la ONPE utilizando padrones electorales aprobados por el RENIEC y fiscalizados por el JNE. En un escenario como ése habría una verdadera competencia al interior de los partidos, se acabaría el “mercado negro” de la política de compra-venta o subasta de puestos; se respetaría el resultado de los comicios internos; se incentivaría a los ciudadanos a militar en los partidos, pues sabrían que pueden tener posibilidades de hacer una carrera política sin necesidad de tener que rendirle pleitesía al caudillo o pagar ingentes sumas de dinero por un lugar expectante en la lista de candidatos, y se propiciaría la participación de los ciudadanos como electores en primarias abiertas.
En teoría, la idea de que suprimir el voto preferencial debe ir de la mano con el fortalecimiento de la democracia interna, incluida la participación en ella de los organismos del sistema electoral, ha ganado consenso entre políticos y líderes de opinión. Aunque, a la hora de la verdad, cuando esto se proponga en el Parlamento, es probable que algunos se olviden de la parte de democracia interna del paquete y se queden solo en la pretensión de suprimir el voto preferencial. Es bueno no perder de vista esta cuestión.
Sobre el autor
Francisco Pérez García