"Reconteo" o Verificación Ciudadana de las constancias de votación, al final de la jornada electoral. / Foto: Carlo Magno Salcedo
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"Reconteo" o Verificación Ciudadana de las constancias de votación, al final de la jornada electoral. / Foto: Carlo Magno Salcedo
«Reconteo» o Verificación Ciudadana de las constancias de votación, al final de la jornada electoral. / Foto: Carlo Magno Salcedo

Por: Carlo Magno Salcedo Cuadros

(NdeR: Lea la primera parte de esta columna aquí)

Tampoco es un problema el hecho, denunciado por estos lares como una gran irregularidad, que el candidato oficialista haya aparecido 14 veces en la cédula, mientras el opositor sólo una vez. Aunque considero que es una norma inadecuada y que genera confusión, la legislación electoral venezolana permite que un mismo candidato pueda ser postulado por más de un partido, sin obligar a los diversos partidos que postulan al mismo candidato a presentarse como una sola alianza electoral. Entonces, si un candidato es postulado por varios partidos su imagen aparecerá en la cédula electrónica tantas veces como partidos lo hayan postulado.

Si en esta oportunidad Capriles apareció una sola vez, fue porque su estrategia dictó que lo postule un solo partido (supongo que para dar una imagen de unidad o de estar participando en una competencia tipo “David contra Goliat”). Sin embargo, en la elección presidencial de octubre de 2012, en que compitieron Hugo Chávez y el mismo Capriles, Chávez aparecía 12 veces en la cédula en tanto Capriles 22 veces. En esa oportunidad nadie denunció ese hecho como irregular. Por cierto, dentro de Venezuela no se cuestiona que Capriles haya aparecido en la cédula una sola vez frente a las 14 veces de Maduro.

¿Quiere esto decir que la última elección venezolana ha sido impecable? De ninguna manera. Pero insistimos, los problemas de los procesos electorales venezolanos no se encuentran en la automatización del voto a través del voto electrónico; sino en otros factores relacionados más con el contexto de realizarse en un régimen político híbrido que no califica como una típica democracia liberal, pero que tampoco puede calificarse como una típica dictadura.

Este tipo de régimen político, al que Steve Levitsky denominó “autoritarismo competitivo”, es nominalmente democrático y permite la competencia electoral, pero no cumple con otras muchas diversas condiciones de los regímenes democrático representativos: efectiva separación e independencia de los poderes públicos; existencia de una oposición política con real capacidad de controlar y fiscalizar al gobierno; irrestricto respeto a la libertad de prensa, de opinión y de pensamiento; sometimiento de las fuerzas armadas al poder civil; etc. En Venezuela, además, el régimen político tiene un discurso oficial revolucionario de filiación castrista, claramente incompatible con la democracia liberal y representativa.

En ese contexto de autoritarismo competitivo y de presentarse como un gobierno revolucionario, el problema de la democracia electoral venezolana está en las condiciones de la competencia que rigen durante todo el proceso electoral (inequidad en la publicidad electoral, violación de la neutralidad que deben guardar las instituciones públicas, uso ilimitado de recursos públicos a favor del candidato oficialista, presencia avasalladora en medios masivos de comunicación de ese candidato frente a la casi invisibilidad del candidato opositor, abierta injerencia de las fuerzas armadas en el proceso, etc.), que otorgan al candidato del chavismo una ventaja prácticamente insalvable.

Cédula 2012 (izq.) en que aparece 12 veces Chávez y 22 Capriles.  Cédula 2013 (der.), en que aparece 14 veces Maduro y una vez Capriles./ Foto: Carlo Magno Salcedo
Cédula 2012 (izq.) en que aparece 12 veces Chávez y 22 Capriles. Cédula 2013 (der.), en que aparece 14 veces Maduro y una vez Capriles./ Foto: Carlo Magno Salcedo

Salvando las diferencias ideológicas, tales condiciones son similares a las ocurridas en el Perú en las elecciones del año 2000 y que en ese entonces motivó que la Misión de Observación Electoral de la OEA denunciará el proceso electoral como inequitativo y, por tanto, decidiera retirarse antes del día de la votación. Similar también es el resultado: en ambos casos (Perú 2000, Venezuela 2013) el oficialismo ganó las elecciones con muy poco margen. No obstante, debido a las condiciones injustas en que se realizó el conjunto del proceso electoral, el resultado fue cuestionado y considerado fraudulento a pesar de no haber ocurrido propiamente un fraude el mismo día de las elecciones. Es decir, en lugar de un fraude comprobado (en el sentido de haberse cambiado los resultados de lo votado por los electores durante la jornada electoral), hubo una percepción de fraude motivada por todas las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral.

Aunque la reciente elección presidencial venezolana contó con la presencia de una Misión Electoral de la UNASUR; esta no fue una Misión de Observación Electoral, que para ser tal tendría que haber estado presente durante todo el proceso electoral y haber tenido la posibilidad de observar y pronunciarse sobre todos los aspectos del proceso, incluyendo especialmente las condiciones de la competencia electoral determinadas por el contexto político. Se trató más bien de una Misión de Acompañamiento Electoral, con facultades limitadas a poder observar únicamente las auditorías al sistema de votación electrónica previas a la jornada electoral y el acto de votación el día del sufragio; estando expresamente prohibida de pronunciarse sobre el contexto político en que se realiza el proceso electoral.

Si la Misión Electoral de UNASUR estaba limitada a poder ver y pronunciarse sólo sobre las auditorías previas y lo ocurrido en la jornada electoral (en donde, como hemos dicho, no está el problema), no había manera que pueda detectar o señalar las verdaderas irregularidades de la democracia electoral venezolana.

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