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El Congreso de la República no olvidará en mucho tiempo las protestas históricas / Foto: Pública

Por: Brenda Álvarez

La resaca de todo lo vivido se empozó este 17 de julio, en el que la ciudadanía le dijo ¡Basta!, una vez más, a un gobierno que lejos de garantizar los derechos de toda la población y fortalecer la democracia, utiliza las herramientas de la misma para dinamitarla por dentro y favorecer intereses individuales y de grupos de poder, en detrimento del interés de todas y todos.

Conocer la forma “transparente” en la que se designó a los representantes del Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva, y la Defensoría del Pueblo, devela claramente cómo este Congreso legisla: negociando derechos, cargos e investigaciones.

Días atrás, muchos y muchas denunciamos diferentes irregularidades en las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Mujer y Familia, cuando se debatían los dictámenes sobre el nuevo texto del Código de Niñas Niños y adolescentes y la Ley que proponía el incremento de penas a los delitos motivados por situaciones de discriminación, en las que varios congresistas pugnaron, y lo seguirán haciendo, por imponer sus dogmas de fe en leyes de vital importancia; y muchos otros simplemente abdican a su rol de garantes del Estado Constitucional de Derecho, y ceden a la presión de grupos conservadores a los cuales sus partidos rinden cuentas.

En este contexto vale la pena preguntarnos, ¿este Congreso garantiza nuestros derechos? ¿A quiénes responden las leyes que emiten día a día? ¿Estamos realmente representadas (os)? La respuesta sin más rodeos será: No.

Rolando Sousa, Ernesto Blume, Víctor Mayorga, Francisco Eguiguren, José Luis Sardón Y Cayo Galindo. Foto: http://elcomercio.pe
Rolando Sousa, Ernesto Blume, Víctor Mayorga, Francisco Eguiguren, José Luis Sardón Y Cayo Galindo. Foto: El Comercio

Entonces, ¿cuáles son los intereses de los y las legisladores?¿Les importará garantizar el derecho a la salud de todos y todas?

No, caso contrario habrían sido más responsables cuando decidieron asignarle facultades legislativas al Ejecutivo para llevar a cabo la aún desconocida “Reforma de la Salud” que de reforma no tiene nada y apunta al fortalecimiento de la privatización del sistema de salud. También habrían interpelado a la Ministra de Salud, Midori de Habich, por él, aún incipiente, Plan Esperanza contra el cáncer, los niños con polio, y por las muertes que año a año se dan por la ausencia del protocolo de aborto terapéutico.

¿Les importa garantizar los derechos de los niños y niñas?
No, desean perpetuar el tutelaje sobre el ejercicio de los derechos de niñas y niños. Desean permitir el castigo físico “siempre y cuando” tenga un fin correctivo y no dañe su dignidad; supeditar su derecho a la participación al permiso de sus padres; eliminar la educación sexual integral y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de las responsabilidades del Estado.

¿Les importa contribuir a la erradicación de la discriminación en el Perú?
No, todo lo contrario, utilizan el Congreso como palestra para contribuir al fortalecimiento de la exclusión, esto se vio reflejado en la última votación en la que mayoritariamente se decidió dejar fuera a la población TLGBI de la comúnmente denominada “Ley contra los crímenes de Odio” justamente con argumentos de odio y discriminación. Es necesario precisar que finalmente, en una salida, más política que técnica, la congresista Pérez Tello propuso una fórmula general que no hace mención taxativa de categorías, propuesta que fue aprobada en la plenaria mientras fuera de ella morían tres personas TLGBI víctimas de esta violencia de la cual el Estado es cómplice.

¿Les importará garantizar los derechos de las mujeres?
No, los grupos antiderechos de las mujeres tienen en este Congreso una sólida representación, que dicho sea de paso traspasa bancadas y género, y que más allá de objetar sus conciencias están empecinados en incorporar en cualquier ley medidas que atenten contra el derecho a decidir de las mujeres; de esta forma, colocan aún en riesgo el aborto terapéutico, despenalizado desde 1924. Si a estos congresistas no les importa los derechos, les importa menos que la tercera causa de muerte materna sea por aborto inseguro; y peor aún que el 56% de muerte materna de adolescentes sea por suicidio.

Pilar Freitas renunció a la Defensoría del Pueblo / Foto: Pública
Pilar Freitas renunció a la Defensoría del Pueblo / Foto: Pública

La repartija no es más que la punta del iceberg que está situando nuestros ojos en un problema que avanza a pasos agigantados y que se constituye hoy por hoy en una amenaza para nuestras vidas y la democracia. En este escenario se hace urgente la indignación, necesitamos más alfombras rojas de mujeres, más #17J, #Noalarepartija, #Tomalacalle, #Elcongresomata, y toda y cuánta protesta social se ponga de manifiesto.

Necesitamos más congresistas como Verónika Mendoza, Rosa Mavila, Cecilia Tait y Claudia Coari; que expliciten en el día a día su compromiso con los principios éticos y con la responsabilidad que sus electores y electoras les encomendamos.

Este Gobierno marcó su línea “ética”, transó con el fujimorismo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, apoyando la elección de Rolando Sousa como magistrado del Tribunal Constitucional, teniendo en conocimiento que su estudio asumió la defensa del ahora parlamentario fujimorista Alejandro Aguinaga en la investigación por las esterilizaciones forzadas cometidas en la dictadura de los 90; y transó con la derecha más conservadora, esa que imposibilita que más peruanas y peruanos podamos vivir con dignidad.

Este Gobierno a lo único que representa es a sus intereses.

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Por Spacio Libre

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