CUERPO Y DERECHOS. Derechos de las mujeres en emergencia

Por: Brenda Álvarez

En la última encuesta publicada por Ipsos Apoyo sobre  el clima político, el Congreso de la República goza del 76% de desaprobación de los peruanos y peruanas. Las cifras no son más que el reflejo del descontento  de la población  y la debilidad de una institución, cuya existencia  se cimienta en el fortalecimiento de la democracia, pero que en los últimos años viene siendo escenario de la vulneración de derechos fundamentales y de la destrucción de los principios democráticos como: la igualdad, no discriminación y la libertad; principalmente para mujeres, adolescentes, indígenas, estudiantes, gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

La identidad  de esta institución  en detrimento, es el conservadurismo en todas sus expresiones y quizá una de las más nocivas es aquella personificada en el lobby de derechos que en los últimos meses vienen perpetrando grupos fundamentalistas misóginos del fujimorismo liderados por el pastor evangélico, Julio Rosas, ahora congresista, Martha Chavez, Aurelia Tan, Juan Días Dios, y otras (os) más.

Estos (as) congresistas en uso indebido de sus funciones intentan imponer sus funestas creencias religiosas en leyes relevantes para la protección de la vida de mujeres, adolescentes y personas TLGB. Trayéndose abajo la propia Constitución Política y Tratados Internacionales de derechos humanos para cumplir su fin último: seguir criminalizando la sexualidad y reproducción.

Una muestra de ello es el reciente dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia, al proyecto de ley 495/2011-CR, ley que propone un nuevo Código de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por Aurelia Tan bajo la atenta vigilia de Rosas, el cual entre otras cosas, le concede derechos absolutos al concebido, prioriza los mismos por sobre otros si estos se encontraran en conflicto situación que casi siempre va en desmedro de las mujeres y  cuya finalidad es a simple vista penalizar incluso el aborto terapéutico despenalizado desde 1924; elimina la obligación de impartir la educación sexual integral al Estado trasladando dicha responsabilidad a las familias; y limita la posibilidad de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a los y las adolescentes.

Asimismo y por si  fuera poco, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, nombre que excede al rol que viene jugando, en su dictamen al proyecto 609/2011-CR, Ley que sanciona los delitos ocasionados por razones de discriminación, más conocidos como “Crímenes de Odio”, retiró como categorías protegidas a la orientación sexual e identidad de género, a pedido de Rosas y compañía. Esto pasó a vista y paciencia de los y las congresistas que asistieron a la sesión y sobre todo de la presidenta Marisol Pérez Tello, quién a pesar de haber suscrito el proyecto inicial y conociendo íntegramente su contenido, no lo defendió en el marco de la garantía de derechos.

También Martha Chávez en una argucia logró incluir en el dictamen al proyecto de ley “contra la criminalidad organizada” al aborto no consentido cuya incorporación no responde a un fenómeno de criminalidad organizada nacional y  pretendería perseguir a las instituciones que defienden los derechos de las mujeres.

Conocemos la relación conflictiva del fujimorismo con el respeto de los derechos fundamentales y la democracia, sin embargo, llama la atención que la disputa interna en el Congreso sea una pugna casi solitaria de algunas (os) congresistas como Coari, Mendoza, Oseda y Bruce.

 Quienes tenemos acercamiento a los marcos normativos nacionales e internacionales sabemos que se incurre en  la violación de derechos humanos por acción y omisión, y definitivamente este es un contexto que hace necesario el posicionamiento de otras (os) congresistas y  que les interpela a estar a favor o contra de las aspiraciones de Martha Chavez, Rosas, Tan y compañía.  La línea divisoria está marcada y se requiere que los y las congresistas comprometidas con la defensa de los derechos fundamentales y la institucionalidad del Estado Constitucional de Derecho se pronuncien.

El 76% de desaprobación es nada más que la foto del momento, fruto del trabajo constante de algunas(os) congresistas quienes siguen traficando derechos fundamentales  de peruanas y peruanos en pro de sus intereses.

La experiencia de los años 90 y la dictadura nos dejó varios aprendizajes, el principal es que no podemos hablar de la vigencia de la democracia sin los derechos de las mujeres y de los grupos más oprimidos. La reforma del Estado y en particular del Congreso, pasa principalmente por el respeto mínimo a la institucionalidad normativa, labor que de facto les corresponde pero que lamentablemente vienen incumpliendo.

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