“Sin ninguna promoción, visitamos a los heridos en el Hospital Militar toda esta semana y conversamos con los familiares y también con los deudos para defender su derecho de recibir una pensión justa y asesorarlos en la solicitud para iniciar una investigación del caso, por las condiciones precarias en que nuestros militares abatidos cumplían su servicio militar en esa convulsionada zona del país”, aseguró Gamarra y con esto echó por tierra las críticas de un sector del oficialismo que reclamaron por qué supuestamente las organizaciones no gubernamentales (ONG) no defienden a nuestros policías ni a los militares.
“Nosotros defendemos los derechos de todos los peruanos, sean civiles, militares o policías. Ese es nuestro deber y rechazamos cualquier tipo de violencia y muertes”, añadió.
Otros casos
Asimismo, Gamarra indicó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está apoyando también a familiares de militares y policías caídos en otras emboscadas el año pasado, por ejemplo, de los efectivos muertos en un atentado en Tintaypunco, Huancavelica, perpetrado en noviembre del año pasado.
“Han pasado varios meses de ese atentado y hasta ahora las familias de varios policías caídos no han recibido nada. Eso es una falta de respeto a su memoria, tampoco los responsables son detenidos. Es por eso que nosotros en la Coordinadora estamos asesorando estos y otros casos”, dijo Gamarra.
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