
Gloria Cano, abogada de la parte civil y responsable del área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), expuso acerca del manejo clandestino del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) por parte de Vladimiro Montesinos, facilitado por Fujimori, como parte de la estrategia antisubversiva.
“Dentro de dicha estrategia se creó el Grupo Colina, cuyos miembros han aceptado ser los autores de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, además de otros operativos donde desaparecieron a más personas. Ha quedado plenamente demostrado que fueron acciones de la estrategia comandada por Fujimori”, señaló.
En otro momento de su exposición, Cano refirió que los hechos de Barrios Altos y La Cantuta son catalogados como crímenes de lesa humanidad, y que es una denegación de justicia y de responsabilidad internacional declarar nula la sentencia a Fujimori: “La eliminación de veinticinco personas merece una sanción ejemplar. Los crímenes de lesa humanidad deben ser sancionados para permitir la convivencia humana. Por ello que solicitamos no haber nulidad de la sentencia”, finalizó.
A su turno, el fiscal Pablo Sánchez Velarde señaló también su disconformidad con los argumentos de la defensa de Fujimori de declarar nula la sentencia, sea de manera total o parcial, y que no existe ningún argumento que sostenga el pedido de la defensa del acusado, de anular la sentencia.
Por su parte, los abogados Carlos Rivera y Antonio Salazar pidieron también la confirmación de la sentencia y describieron la aplicación de la guerra sucia y el manejo de los recursos del SIN por parte de Fujimori y Montesinos. Así, el secuestro del periodista Gorriti, se decidió desde las más altas esferas de poder, encabezado por Fujimori, para neutralizar a sus opositores.
La observadora internacional Viviana Krsticevic, de CEJIL dijo al respecto: “Nuestras preocupaciones radican en la necesidad de que la sentencia sea confirmada. Consideramos que existen numerosas pruebas que permiten afirmar que en el caso del ex presidente Fujimori se han cometido violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que ameritan un castigo ejemplar y severo”.
Por su parte, Jo-Marie Burt, representante de WOLA, expresó: “Esperamos que el tribunal confirme la sentencia porque creemos que hay evidencias contundentes que demuestran el control y conducción de Fujimori en los hechos de Barrios Altos y La Cantuta y en los Sótanos del SIE. Dichos delitos merecen la más severa sanción aplicable en la justicia peruana”, finalizó.
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