Gobiernos de España e Italia, endurecerán más aún las leyes migratorias, para todos aquellos que ingresen y trabajen dentro de los países que conforman la UE (Unión Europea).
Barcelona, España (Spacio Libre).–Por: Carlos Rodas / Corresponsal en España. Desde la puesta en marcha, de las nuevas medidas tomadas en contra de los extranjeros “sin papeles”, el presidente de Italia, Silvio Berlusconi pretende calificar y procesar como delito, a cualquier inmigrante que se encuentre en situación irregular, por no cumplir con la normativa del ingreso al territorio italiano como europeo, así mismo, este cumplirá una condena en prisión.
Ante esta medida, el Secretario de España para la Unión Europea (UE), Diego López Garrido, ha rechazado enérgicamente este paquete de medidas de seguridad que intenta aplicar el gobierno de Italia, “por el temor a que puedan desviarse flujos migratorios” a España como a otros países.
Así lo manifestó ante su homólogo italiano, Andrea Ronchi (Ministra de Política Comunitaria), en una reunión celebrada en Madrid. La reforma migratoria italiana se encuentra aún en proceso, pues no ha asido aún aprobada por el vecino país.
A ello se suma el alto índice del ingreso de extranjeros “sin papeles” en España, sumando un total de 50, 000 personas, señalado por el actual gobierno, mientras que en la sede de la UE se calcula que fueron cerca de 900, 000 personas el año pasado.
Asimismo, el ministro español de la cartera de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha manifestado, que endurecerá las sanciones a todos aquellos empresarios que tengan en sus filas a inmigrantes ilegales.
También, manifestó que, a partir del próximo mes de julio, su departamento permitirá que los extranjeros puedan capitalizar su prestación de desempleo para incentivar y facilitar el retorno voluntario de los inmigrantes.
En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el Ministro español Celestino Corbacho ha explicado que su principal objetivo es que los inmigrantes entren en España de forma legal y con un contrato de trabajo y que, una vez aquí, disfruten de los mismos derechos y deberes que otros ciudadanos.
En tanto, los miembros de la UE han planteado acrecentar el tiempo de retención de un detenido ilegal, de 40 días, como lo es en actualidad, hasta 18 meses, tiempo el cual permitirá conocer la identidad, y nacionalidad del indocumentado.
El texto que encierra esta medida, señala que no garantiza a los detenidos, el acceso a asistencia legal gratuita en todo el territorio comunitario. La iniciativa aprobada en consejo, deberá ser refrendada por el Parlamento europeo en Bruselas.
Las nuevas reformas legales para los extranjeros que no tienen su situación legal en orden, tienen aún más difícil su permanencia en el viejo continente, puesto el resto de países europeos preparan nuevas medidas drásticas, que intentarán poner freno a inmigración ilegal.
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