Por: Carlos E. Flores (*)
Queda claro: el Gobierno de Álvaro Uribe tiene buena asesoría en discurso de medios. Hasta todo hace suponer que el Presidente dirige la orquesta mediática. Todos los escenarios internacionales donde se presenta aborda (enfático y convincente) la lucha contra el terrorismo que emprende contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC.
De hecho, cuando se revisa las informaciones en el extranjero, de Colombia se conoce ampliamente la lucha que el gobierno hace contra la guerrilla. Este vacío quizá se deba por falta de abordaje temático de alguna prensa internacional, o tal vez, algunos periodistas puedan padecer de una censura al interior de sus medios cuando hacen alguna lectura más menuda sobre el discurso de Uribe. Sea cual fuera la razón, Uribe y su gobierno, donde estén, enfatizarán siempre la labor de lucha contra el terror.
Sin embargo, la lucha contra el terrorismo se ha emprendido bajo el argumento de “legítima defensa” que impulsa Estados Unidos, que le ha permitido (dicho sea de paso mencionar) ocupar Irak con las consecuencias que ya se conocen. Toda la estructura de confrontación a la guerrilla se sujeta de la premisa mencionada. Por eso el gobierno no dudo en realizar el ataque a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Pero lo que aplica al exterior, puede servir también de método al interior. Se conocen de constantes bombardeos que realiza el ejército en zonas colombianas donde se supone hay presencia guerrillera. Más los impactos a las comunidades indígenas y campesinas que puedan tener estas intervenciones militares se desconocen. Con esta metodología, hay pues un principio militar para buscar la paz, según la mirada del gobierno; entonces, un Acuerdo Humanitario con la guerrilla, que supone un acuerdo político, no es viable.
Pero en el interior del país, Álvaro Uribe atraviesa por un fuerte cuestionamiento de la presencia del paramilitarismo en su gobierno. 52 congresistas vinculados con el régimen uribista son procesados; cuatro de ellos ya tienen condena. Sobre el propio Uribe recaen fuertes sospechas de vínculos con los “paras”.De pronto, el golpe más fuerte que ha recibido el Presidente es la detención que la Fiscalía General ejecutó a Mario Uribe, ex senador, Presidente del Partido Colombia Democrática y primo del mandatario. Según las versiones de Jairo Castillo Peralta (a) “Pitirri”, testigo de la Corte Suprema en le caso de la “parapolítica”, a Mario se le señala de haberse apoderado de haciendas en la zona rural de Caucasia (Antioquia), en Sucre y Bolívar. Todo eso en coordinaciones con los paras.
Por su parte, el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso dijo a la Fiscalía que se reunió dos veces con Mario a fin de lograr alianzas con miras a ganar las elecciones en Córdova en el 2002. Mario argumentó persecución política y solicitó asilo a Costa Rica. La embajada negó el pedido y la misma suerte corrieron dos congresistas más que solicitaron el beneficio. La “parapolítica” ha traído una crisis política e institucional. El Presidente ha planteado una reforma política, y en el camino, ha hecho pedidos públicos a la Corte Suprema de Justicia para que no se le abra “las puertas a las tentaciones de la inestabilidad institucional”. El panorama se torna complicado, más aún, cuando las regiones entrarán en procesos electorales en noviembre de este año, y es en las regiones, donde justamente comenzó la incursión del paramilitarismo en el poder político.
Con esos dos cristales, Uribe mira a Colombia. Enfatizando su lucha contra el terrorismo en el frente interno y externo. Y buscando soluciones en el país para superar la crisis producida por la “parapolítica”. De los procesos de resarcimiento a las víctimas se habla poco o casi nada. Los procesos de paz y los acuerdos humanitarios no están fuertes en la agenda. Las FARC por su parte, se reorganizan al interior, luego de que estos meses tuvieran serias bajas, y ya se habla, además, en el ambiente político sobre la “farc – política”. Por lo pronto, Uribe extraditó a Estados Unidos a los líderes paramilitares. Allá serán procesados por narcotráfico, pero no por violación de derechos humanos. Con la extradición, el gobierno dejó sin posibilidad de justicia a las víctimas.
(*) Responsable de la Producción Informativa de ALER (www.aler.org)
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Sobre el autor
Francisco Pérez García