Spacio Libre dialogó con la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cruz Silva, quien consideró que la orden de incautación de la vivienda familiar de los Humala- Heredia es desproporcionada. Explicó que el inmueble ya contaba con una orden de embargo que impedía su traspaso de titular y, por lo tanto, “ya estaba asegurada para el cobro de una posible reparación civil”.
Por Alejandra García Arrunátegui
@abgarru
Foto de portada: El Comercio
Las idas y venidas del juez Richard Concepción Carhuancho respecto a las investigaciones que involucran al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han convulsionado la esfera política nacional. Una decisión basada en supuestos intereses subalternos pone en tela de juicio la labor que viene desempeñando la Sala Penal Nacional frente a los casos de corrupción de funcionarios vinculados al Caso Lava Jato. Así, lo interpretó la abogada de IDL, Cruz Silva.
El juez Richard Concepción Carhuancho decidió por la mañana del último martes suspender por 30 días la incautación de la vivienda familiar del ex mandatario, sin embargo por la tarde del mismo día dio marcha atrás y dejó sin efecto dicha orden. Para Silva, este supuesto cambio de opinión tiene que ver con un tema de plazos de notificación.
“Al parecer esto ha sido causado por el tiempo de notificación de la medida frente a la solicitud de los abogados de Humala, lo que quiere decir que el juez nunca cambió su decisión de incautar. Cuando él dice que se suspendía (la orden) era para darle un plazo prudencial a la familia para que encuentre una nueva vivienda”, señaló la abogada de IDL.
“Cuando se trata de incautaciones de bienes inmuebles es necesario que esta se ejecute de una forma efectiva e inmediata y no generar este caos que vulnera directamente a los investigados y, sobre todo, a los menores que dependen de ellos”, acotó en comunicación con Spacio Libre.
Cruz Silva explicó que la decisión inicial del juez Concepción Carhuancho de incautar la vivienda familiar de los Humala – Heredia “es desproporcionada”. Precisa que una medida de esta naturaleza asegura que el inmueble no sea traspasado de titular, es decir, no cambie de dueño, para que en su momento se ejecute la recuperación de una posible reparación civil por parte del Estado o los agraviados.
“El inmueble donde habitaban los denunciados y su familia, sus hijos menores de edad, ya estaba asegurado con un embargo registral desde hace unos meses, por lo tanto, no había razón para que sea incautado. La posibilidad de que la propiedad sea traspasada a otra persona ya estaba prevenida con el embargo”, indicó Silva.
En ese sentido, la abogada de IDL sostuvo que “no es razonable cuál ha sido la evaluación del juez para ordenar una incautación si ni siquiera hay una acusación formalmente planteada por el Ministerio Público” contra el ex mandatario Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia.
“Esto nos da la sensación de que es una decisión con ánimo de molestia de parte del juez, no se puede explicar de otra forma. Además, esto también podría tener implicancias de supuestos intereses políticos si tenemos en cuenta a quiénes están a la par (con los Humala) y no están siendo investigados”, apuntó.
Para la abogada de IDL el accionar del juez Concepción Carchuancho también desacredita la labor que desempeña la Sala Penal Nacional frente a la lucha contra la corrupción y las demás investigaciones en el marco del Caso Lava Jato.
“Concepción Carhuancho es juez de preparación investigatoria y pertenece a la Sala Penal Nacional. Recordemos que esta sala se encuentra en medio de una lucha para seguir siendo competente en los casos relacionados con Lava Jato. Sin embargo, esta decisión desacredita a la Sala Penal Nacional frente al sistema nuevo de delitos de corrupción de funcionarios creado Duberlí Rodríguez, [presidente del Poder Judicial]. Esto los desmerece. Esto sirve para que otros investigados señalen a las acciones del juez como presuntamente irregulares, desproporcionadas”, arguyó.
Finalmente, Cruz Silva consideró que esto no solo puede ser “una preocupación” sobre la decisión de un juez, sino también respecto al perito fiscal y a la función del Ministerio Público, que solicitó una incautación sobre un inmueble que ya estaba embargado.
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