Por Gloria Cano – Abogada de Aprodeh
Tomado de APRODEH
Lo ocurrido en Parcco y Pomatambo, según la Sala Penal Nacional, fue un hecho horroroso, producto del accionar de una patrulla que se “excedió” en sus funciones y procedió fuera de lo programado por el plan de operaciones.
Si bien es justo señalar que se trata de hechos terribles y que después de más dos décadas se logró resarcir el honor de las víctimas –quienes fueron acusadas de subversivos, pese a ser autoridades locales que a diario debían enfrentar las amenazas terroristas–, lo cierto es que la verdad está siendo destrozada y enterrada, una vez más, por quienes buscan argumentos sin lógica para señalar que lo ocurrido en Ayacucho no fue más que un simple exceso.
Es increíble e inadmisible que la Sala Penal Nacional absuelva por tercera vez a Carlos Bardales Angulo, Jefe de la Base del Batallón de Infantería Motorizada N-34, acantonada en Cangallo, donde se elaboró y aprobó el plan operativo de eliminación que se llevó a cabo en Parcco y Pomatambo.
En los dos procesos anteriores, Bardales Angulo sostenía que su puesto era administrativo y que no tenía que ver con las acciones antisubversivas. En uno de los casos, tuvo que enfrentar cargo por la desaparición de cuatro campesinos de la comunidad de Matero (Ayacucho), quienes fueron detenidos por miembros del ejército del BIM 34 e ingresados a la base de donde nunca más salieron. Y pese a que los familiares reconocieron al jefe de la patrulla –Marino Ambía Vivanco, conocido como Teniente “Robin”– fueron absueltos.
En el proceso por el caso Matero, los acusados no pudieron explicar cómo cuatro campesinos pudieron desaparecer al interior de la Base. Por eso se limitaron a negar todo y, lamentablemente, la Sala Penal señaló que no podía creer en la palabra de los familiares de las víctimas, por lo que procedió a absolver a los acusados. Tiempo después la Corte Suprema declaró nula la sentencia y Bardales Angulo volvió a juicio. En este segundo proceso, por el mismo caso y pese a que todos los testigos señalaban y reconocían las instalaciones pertenecientes al BIM 34, la Sala adujo que le quedaban dudas sobre la detención de los campesinos, es decir, no tenía certeza si habían sido detenidos por la policía, por los militares de una batallón de ingeniería o por los miembros del BIM 34. En conclusión, decidió absolver a los procesados, entre ellos, Bardales Angulo.
Ayer, la Sala Penal Nacional volvió a absolver al mencionado efectivo de la muerte de doce personas –entre las que se encontraban dos niños y dos ancianos de 86 años–, a pesar de haberse probado que aprobó el plan operativo y que envió dos columnas militares, provenientes de la Base de Vilcashuamán, a eliminar una supuesta escuela popular. Cabe señalar que, para el desarrollo del operativo, se había planificado todo al detalle, lo cual contemplaba la presencia de un “especialista en interrogatorio”, además de los denominados “eliminador 1” y “eliminador 2”.
Según la Sala, la patrulla se salió de control y actuó por sí sola, mas no pudo explicar por qué Bardales Angulo llegó al finalizar el operativo, ordenó la destrucción de los cuerpos de los campesinos y prohibió todo ingreso de la prensa y otras personas a la zona. Luego, a través de diversos comunicados señaló haber enfrentado a una columna terrorista. Pero las víctimas no eran terroristas. Eran pobladores y autoridades que fueron sustraídos del local donde se encontraban organizando una actividad de la comunidad. Eran personas inocentes que fueron llevadas a una zona alejada para ser ultimadas y, por órdenes de Bardales Angulo, carbonizadas a fin de eliminar los restos y con ello, toda evidencia del crimen.
Irene Ramírez, hija de Donato e Hilda, los dos ancianos asesinados en Parcco, dijo con sumo dolor tras conocer la sentencia, que habían asesinado por segunda vez a sus padres, pero que esta vez los responsables fueron los jueces. Para los familiares de las víctimas, indignados e impotentes, el fallo de ayer sólo consagró la impunidad.
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