Lima, Perú (Spacio Libre).- ¿Se imaginan que las municipalidades de los distritos más pobres del país, que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades, tengan en sus manos los recursos para implementar el programa de Municipalización Educativa? Es decir, que sean estas municipalidades las que se encarguen de la administración y manejo de los colegios que le pertenecen al Ministerio de Educación. Suena bien ¿verdad?, la oportunidad de mejorar ¿cierto?
Al menos, eso es lo que aparenta el Decreto Supremo N° 022-2010 del Ministerio de Educación, que incorpora al Plan de Municipalización de la Gestión Educativa a las 606 municipalidades distritales del ámbito de intervención del Programa de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos.
Sin embargo, este Decreto promulgado el pasado 21 de octubre, no sería tan funcional y beneficioso como se cree, según señaló el especialista en descentralización educativa Martín Vegas, quien califió de «ilegal e inaplicable» dicha norma.
En declaraciones al programa radial HABLEDUCACIÓN, Vegas pidió la derogación de dicho decreto, pues aseguró que lo único que hace es «incrementar la desigualdad en la educación, pues se pretende que las municipalidades más pobres del país manejen el presupuesto y paguen recursos adicionales a los colegios para que se mejore la calidad de la educación”.
El investigador, explicó que la ilegalidad de este Decreto Supremo radica en encargar a la municipalidades responsabilidades del gobierno regional “Las funciones que se le quieren transferir a las municipalidades son inaplicables porque no están en la Ley Orgánica de municipalidades”.
Quien también se pronunció al respecto fue Manuel Iguiñiz, ex viceministro de Educación, quien expresó su preocupación por la promulgación del Decreto Supremo Nº 022-2010-ED, debido a que consideró que la transferencia de la gestión educativa a distritos tan débiles resultaría contraproducente.
“Las zonas más pobres del país tienen la peor experiencia de escolaridad del país, en consecuencia van a tener enormes dificultades un área social tan compleja como la educación. No veo cómo esta municipalización ayude a generar una igualdad de oportunidades”.
Iguíñiz criticó que sólo se utilice el criterio de solicitud voluntaria para la incorporación de municipios al plan piloto de municipalización y que el gobierno haga caso omiso a la solicitud de evaluación del programa de municipalización realizada por diversas instituciones.
“El Consejo Nacional de Educación, la Defensoría del Pueblo, Foro Educativo entre otras instituciones han planteado que se realice una evaluación antes de esta expansión masiva del plan municipalización”.
Finalmente, pidió poner en marcha el Consejo de Coordinación Intergubernamental, el cual, consideró sigue siendo una necesidad que el gobierno prescinde, dado que esta instancia permitiría la toma de decisiones consensuadas sobre la marcha del proceso de descentralización.
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