Londres, Inglaterra (Spacio Libre, con información de EFE).- Perú dio en el 2007 pasos importantes contra los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado (1980-2000), según el nuevo informe de Amnistía Internacional (AI), que menciona la extradición del ex presidente Alberto Fujimori desde Chile.
Fujimori está procesado, entre otros cargos, por el homicidio de 15 personas en 1991 y la desaparición forzada y homicidio de 9 estudiantes y un profesor en 1992, dice el informe, que también resalta el acoso a los oponentes a los planes mineros y el difícil acceso a la salud materna en las zonas rurales.
El informe muestra la preocupación por la posible aplicación de varios decretos legislativos contra la delincuencia a legítimas manifestaciones de malestar social.
Y resalta que campesinos de Ayacucho han sido acusados injustamente de delitos relacionados con el terrorismo que practican grupúsculos de Sendero Luminoso.
AI recuerda que en ese año se declaró inconstitucional un proyecto de ley sobre cooperación internacional que habría permitido a las autoridades mayor control sobre las Organizaciones No Gubernamentales.
El informe destaca que a fin de año todavía no estaba en marcha un programa efectivo para proteger a las víctimas de los abusos cometidos en los 20 años de conflicto armado y considera limitados los avances en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Pero empezó a funcionar el Consejo Nacional de Reparaciones, que aprobó la inscripción de más de 800 comunidades. Y la Corte Suprema resolvió que en la desaparición forzosa la responsabilidad alcanza a la cadena de mando, no sólo a quienes perpetraron el homicidio.
La prisión de Challapalca, a 4.600 metros sobre el nivel del mar, que se había cerrado en 2005 porque su inaccesibilidad restringía derechos de los reclusos, volvió a abrirse, rememora AI.
AI recuerda también que el defensor de los derechos humanos Javier Rodolfo Jahncke recibió amenazas de muerte por colaborar con una red que buscaba que se garantizara a las comunidades el acceso a información sobre los planes mineros, y a un proceso de consultas justo y transparente.
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