
Según informa Peru.com la resolución acusatoria de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, se basa en que Olazábal, para involucrar a García, utilizó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que entró en vigencia en el Perú en 1991, es decir, seis años después de la masacre, “lo que contradice el principio de la no retroactividad”.
Sin embargo, para abogados especializados en derechos humanos como Gloria Cano, la acusación “es una represalia contra Olazábal”, quien, entre otras cosas, podría perder su cargo.
En declaraciones a CNR, Soberón expresó que esta medida es una forma de presión contra una fiscal que ha actuado en defensa de los derechos humanos.
García fue autor mediato de masacre, dijo la fiscal
Olazábal, fiscal especializada en derechos humanos en Ayacucho, consideró que García tuvo participación como autor mediato en la masacre, según el diario ‘La República’.
Según la fiscal, el presidente fue informado del plan Huancayocc, como se denominó a la operación en que se ejecutó la masacre en momentos en que sectores de las Fuerzas Armadas respondían con violencia al margen de la ley a las acciones de los grupos terroristas.
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