Paris, Francia (AFP/Spacio Libre vía Radio Paris Americas) – El director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú, Francisco Soberón, reclamó el martes en Paris «información veraz» sobre el costo humano de los enfrentamientos de este fin de semana entre indígenas y policías en la localidad de Bagua, en la Amazonía peruana.
«Lamentamos, en primer lugar, las muertes, todas las muertes, tanto de policías, como de la población civil», señaló Francisco Soberón, quien en nombre de APRODEH exigió «que se aclare el número de muertos» que dejaron los choques entre la policía y los indígenas.
«Es importante también que se dé información sobre los heridos y detenidos, así como sobre los no habidos», indicó, precisando que «en esta tarea es fundamental la participación de la Defensoría del Pueblo, del Vicariato Apostólico de Jaén y de las parroquias de los pueblos afectados».
Soberón indicó que «es fundamental la atención humanitaria de los efectos de esta crisis», por lo que «también sería importante que se pronuncie la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica».
El director de APRODEH indicó que su organización estaba enviado a la zona una delegación de abogados para ver la situación de los detenidos, así como las necesidades de la población civil para el envío de ayuda humanitaria.
La recuperación a sangre y fuego por parte de la Policía el viernes de la carretera en Bagua, seguida por protestas y la retención como rehenes de 38 policías en una estación petrolera, dejó oficialmente 24 uniformados muertos y 11 indígenas, esta última cifra podría ser mayor si se toma en cuenta las informaciones de diversos medios que recogen testimonios de nativos que declaran las desapatición de cadáveres.
Varias etnias de la Amazonía peruana protestan desde abril, con bloqueos de rutas y tomas de instalaciones petroleras, pidiendo que se derogue unos decretos legislativos que, consideran, pueden hacerles perder sus tierras en beneficio de empresas petroleras, mineras o madereras.
«Estos hechos no hubieran ocurrido si el Gobierno y el Congreso peruanos hubieran aceptado derogar los decretos legislativos que rechazan los pueblos indígenas y que dos subcomisiones del Congreso habían pedido al Pleno derogar cuanto antes por anticonstitucionales», explicó.
«Lamentablemente, el Congreso peruano no respetó esta recomendación, y luego, el Ejecutivo, al ordenar una operación de desalojo de los indígenas, provocó los desbordes cuyas víctimas hoy lamentamos», dijo.
Soberón dijo que su organización estaba pidiendo el envío a la zona de conflicto de observadores internacionales, de representantes parlamentarios de diferentes países y organizaciones humanitarias como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional, America»»s Watch.
En la circunstancia, «también vamos a movilizar a las organizaciones de defensa de los indígenas, que esperemos lancen iniciativas para encarar la situación creada», precisó.
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