::Mientras que en Perú, gobernantes consideran que pedir disculpas a víctimas es poner de rodillas al Estado
Asunción, Paraguay (Spacio Libre/AP).- El Presidente paraguayo, Fernando Lugo, pidió perdón, entre sollozos, a las víctimas de la dictadura del General Alfredo Stroessner (1954-89), en la presentación del informe de la comisión que investigó los abusos a los derechos humanos.
«Perdón, perdón en nombre de la nación paraguaya», dijo Lugo, quien debió interrumpir la lectura de su discurso debido a la emoción entre los aplausos de los asistentes a la presentación del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ).
El informe tiene como base el testimonio de 2.059 personas que sufrieron abusos y familiares de desaparecidos durante los más de 35 años de la dictadura de Stroessner.
En contrapartida, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, debió suspender su discurso durante ese acto, celebrado en el Teatro Municipal de Asunción, debido al abucheo y los insultos de los presentes, que tildaron al magistrado de cínico y «pyragué» (delator, en guaraní).
«Acepto las críticas vertidas hacia mi persona», expresó Núñez antes de abandonar el estrado.
El informe de la CVJ detalla que el número de perseguidos durante la dictadura asciende a 128.076, de los cuales 20.090 personas fueron calificadas de víctimas directas, entre ellas 59 que fueron «ejecutadas» y 336 dadas por desaparecidas, mientras que otras 107.987 sufrieron la represión de forma indirecta.
Entre esas últimas figuran «los familiares o allegados que sufrieron las consecuencias de esos hechos», explicó el Presidente de la Comisión, el obispo católico Mario Melanio Medina.
Lugo también pidió perdón por la «soledad a la que fueron sometidos» los perseguidos y «por cada centímetro de dolor que laceró el territorio corporal, físico, anímico y espiritual de los luchadores de nuestra patria nueva, mientras otro país dormía la siesta insensible en la convivencia con una dictadura oprobiosa».
«¿Será capaz (el Poder Judicial) de honrar su función, ayudando a cicatrizar estas heridas abiertas y sostenidas por la dignidad heroica de las víctimas con el bálsamo de la reparación histórica?», agregó el antiguo obispo y ahora jefe de Estado.
Durante el régimen de Stroessner, según el informe, hubo 19.862 detenciones arbitrarias, de las cuales 18.772 «incluyeron alguna forma de tortura», cifra que constituye el 94,5% del total, señaló Medina.
También destacó que detectaron 3.470 casos de «exilio político forzoso», cifra que, según el Presidente de la CVJ, no refleja el total de los casos de los que debieron abandonar el país por razones también vinculadas a la dictadura. «Prácticamente ninguna víctima se salvó de la tortura. Unas 17.277 personas fueron objeto al menos de alguna forma de tortura física y 16.675 de torturas psicológicas», mencionó Medina.
El informe final de la Comisión también incluyó una serie de recomendaciones a las autoridades, entre las que destaca el análisis de los testimonios para eventuales procesos judiciales a los responsables de esos abusos.
Medina citó como cómplices e involucrados en esos hechos al Poder Ejecutivo, a las Fuerzas Armadas, la Policía y demás organismos de seguridad del régimen, así como a militantes del Partido Colorado, agrupación que fue desbancada del poder tras 61 años en la Presidencia en los comicios generales del 20 de abril pasado.
El presidente de la CVJ indicó que también existen «responsabilidades de algunas administraciones gubernamentales de Estados Unidos» y de los gobiernos que promovieron la Operación Cóndor, plan represor establecido en la década de 1970 por los regímenes militares de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Medina agregó que entre los perseguidos durante la dictadura «stronista» destacan los dirigentes de las «Ligas Agrarias Campesinas, los Movimientos Estudiantiles, partidos de oposición, las incipientes organizaciones del Frente Unido de Liberación Nacional y el Movimiento político 14 de Mayo, entre otros».
La CVJ está integrada por nueve miembros de distintos sectores de la sociedad y fue constituida para investigar no solo los atropellos del régimen de Stroessner, sino también los cometidos por organismos del Estado hasta la fecha de la promulgación de la ley que estableció su creación, el 6 de octubre de 2003.
Sobre el autor
