Un reciente informe presentado por el Observatorio de Derechos LGBT y el proyecto UNICXS reporta que solo en el año 2016 se registraron 16 crímenes de odio hacia personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT), además que el mayor perpetrador de violencia hacia personas LGBT han sido las instancias del propio Estado, en particular agentes del serenazgo y la Policía.
Redacción Spacio Libre
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Durante el año 2016, fueron 416 las agresiones contra los derechos de las personas LGBT en el Perú. El Informe Anual de Derechos LGTB revela que de esos hechos, 18 fueron asesinatos y 16 de esos casos pueden ser tipificados como crímenes de odio.
Sin embargo estos casos son los judicializados o denunciados pues existe un subregistro, de vulneraciones de derechos que fueron recibidas por ONG. Manuel Forno, vocero del Observatorio considera que “es más peligroso hacer una denuncia, siendo gay, que sobrevivir a un ataque homofóbico”, pues existe mucho prejuicio e intolerancia de los operadores de justicia, lo que genera temor en las víctimas.
Un ejemplo de estas prácticas homofóbicas institucionalizadas y sistemáticas, son los planes de “seguridad ciudadana” de algunas municipalidades, donde lejos de salvaguardar la integridad de las personas, proponen erradicar y/o sancionar a los homosexuales, como es el caso de la Municipalidad de San Martín de Porres, Barranco, Cieneguilla, Ate, Independencia, San Luis y la propia Municipalidad de Lima.
El Estado principal perpetrador
Un ítem del informe respecto a los perpetradores de vulneraciones y agresiones contra los derechos de las personas LGBT, revela que de los 217 casos registrados a lo largo del 2016, más de la tercera parte es responsabilidad del Estado peruano.
Son 122 agentes del Estado que participan en estos casos, entre ellos funcionarios públicos, personal municipal del serenazgo, la Policía Nacional del Perú y el personal sanitario (médicos y enfermeras) de diversos centros hospitalarios, según se aprecia en este cuadro:
Sobre el punto, señala el informe:
Ello resulta preocupante, ya que si el estado peruano no está cumpliendo con su rol de garante de los derechos de la población, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no heterosexual tienen pocas posibilidades de enfrentar eficazmente las condiciones de discriminación, exclusión social y violencia en la que viven. Lo importante es constatar que quienes perpetran estas vulneraciones, son aquellos agentes que se supone deben garantizar el bienestar ciudadano. Al respecto, los funcionarios públicos, entre quienes se cuentan jueces y fiscales, son los encargados de proveer justicia; el serenazgo y la policía son los encargados de proveer seguridad; y el personal sanitario es el encargado de proveer atención en salud. Y justamente son estos funcionarios quienes no están cumpliendo con su rol.
Asimismo, este informe coloca el derecho a la identidad de las personas trans, como un gran pendiente de la deuda moral y legal que aún mantiene el Estado, para garantizar una ciudadanía plena de las personas trans. El reconocimiento de este derecho, va más allá de ser nombradas/os con el nombre que refleja su identidad. La falta de un DNI, las/os coloca en una situación de vulneración, por impedir su acceso a los servicios de salud, trabajo, educación y seguridad personal.
El Informe también da a conocer como se abordó la cuestión LGBT en los planes de gobierno de los partidos políticos durante las elecciones generales del 2016 y un análisis acerca de cómo los medios abordaron la campaña conservadora sobre la “ideología de género”. Además, también analiza cómo dicha campaña contra el enfoque de género termina agudizando el bullying homolesbotransfóbico y la discriminación en los colegios, así como algunos apuntes sobre la ley de identidad de género que fue presentada en el Congreso el año 2016.
Vea el informe completo aquí
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