En la semana del aniversario de los 9 años del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Noticias SER nos refrescó la memoria con uno de los hechos más dolorosos del conflicto armado interno en nuestro país, el caso Putis.
Lima, Perú (Spacio Libre).- Finalmente serán investigadas las matanzas ocurridas en diciembre de 1984, en la comunidad de Putis, Ayacucho. El Tercer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima aceptó la denuncia hecha por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, en la cual acusaba al ex jefe político de la jurisdicción militar de Ayacucho Wilfredo Morí Orzo, al ex jefe del Estado Mayor Administrativo-JEMA, Juan Briones Dávila, al ex oficial de Inteligencia G-2, Carlos Celso Soto Mesinas, y el ex jefe de Operaciones y ex comandante de la compañía “Los Linces”, Luis Oscar Grados Bailetti, de homicidio agravado.
Luego de que el Juez Penal evaluará todas las evidencias que se basa en la investigación fiscal, como los testimonios de los familiares de las víctimas, militares, los informes periciales de la exhumación de los restos de las víctimas, entre otras, indicó que existen “… muy graves y fundados elementos de convicción que sustentan con alto grado de verosimilitud la comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud”.
Asimismo, el magistrado señaló que «existen fuertes elementos de convicción que vinculan a los imputados con los cargos jerárquicos militares en la zona y tiempo de la masacre de Putis…”, de esta manera todos los implicados son señalados como principales responsables de la catástrofe ocurrida en Ayacucho hace más de 27 años, en la cual miembros del Ejército Peruano liderados por Wilfredo Morí Orzo en ese entonces, violaron mujeres salvajemente , y ejecutaron a más de cien personas, entre ellos niños y niñas cuyos restos fueron enterrados sin distinción en esa comunidad.
Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está desarrollando investigaciones en los casos Barrios Altos y La Cantuta, el Estatuto de Roma, La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad.
Por ello, el Juez Penal expresó “que por su especial naturaleza deben ser considerados como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.”
El órgano jurisdiccional ha obligado a los denunciados a cumplir con restricciones como asistir al juzgado cada 30 días, no cambiar de domicilio sin autorización del juzgado, e impedimento de salir del país. Además, coloco fecha a la realización de las declaraciones de los acusados, testigos, peritos y otras diligencias, la cual se realizará durante el mes septiembre.
Por: Jorge Weston / @JorgeMWeston / Con información de Noticias SER
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