Palomino, una de las víctimas del proceso de criminalización de la protesta social en el Perú, fue procesado en dos oportunidades bajo el supuesto delito contra la Tranquilidad pública y Extorsión, por ser dirigente y por apoyar la movilización amazónica de la selva central, en marzo de 2009. Por estas acusaciones el joven dirigente fue absuelto pero no se libró de ser detenido durante dos meses.
Lima, Perú (Spacio Libre).- Hace un tiempo, el 23 de octubre para ser más exactos, publicamos una información preocupante, respecto a la promulgación del Decreto Supremo N° 022-2010 del Ministerio de Educación, que incorpora al Plan de Municipalización de la Gestión Educativa a las 606 municipalidades distritales del ámbito de intervención del Programa de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos.
El tema resultaba de suma preocupación, toda vez que no se entendía cuáles eran los asuntos prácticos para cometer este acto que a todas luces le complicaba la existencia a las municipalidades con escasos recursos y avanzaba a las patadas con un plan de municipalización educativa que hasta la fecha no ha mostrado resultados óptimos.
Este asunto no ha generado mayor eco y preocupación en los medios de comunicación «tradicionales», sin embargo la red siempre es propicia para estos temas. Así la bloggera Laura Arroyo a través de su blog «Menoscanas» ha hecho un alcance de esta problemática en su post «Cuidadito con la Municipalización»
Entre otros aspectos, Arroyo se cuestiona el hecho que «De arranque ya parece medio raro que las localidades donde la pobreza es un problema cotidiano sean las incluidas en el proceso de municipalización, pero digamos que podríamos darle el beneficio de la duda al proyecto si, a lo mejor, la evaluación de las que participaron en el piloto fue exitosa. Sin embargo, acá entra el problema principal: ¿qué datos arrojó la evaluación sobre las primeras 35 municipalidades incluidas en este sistema descentralizador?»
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