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La Paz, Bolivia (SPacio Libre/EFE).- El Tribunal Constitucional de Bolivia emitió hoy una segunda orden para suspender el referendo revocatorio convocado para el próximo 10 de agosto, al responder a una demanda del prefecto de Cochabamba, el opositor Manfred Reyes Villa.
Una fuente del Alto Tribunal informó a Efe de que la magistrada Silvia Salame, la única en funciones en ese órgano tras las sucesivas renuncias de sus cuatro otros colegas, firmó hoy un nuevo decreto parecido al emitido la semana pasada que pide frenar la consulta.
Los decretos de Salame plantean que el referendo debe suspenderse hasta que el Tribunal Constitucional tenga otra vez quórum y pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la consulta a la que deben someterse el presidente Evo Morales, su vicepresidente, Álvaro García Linera, y los gobernadores del país.
Reyes Villa, que no acepta someter su cargo a la consulta, dijo hoy en rueda de prensa que «a la luz de este nuevo decreto, la Corte Nacional Electoral (CNE) y las cortes departamentales están en la obligación de suspender el revocatorio».
«Lo contrario sería declararse en rebeldía, en flagrante desacato de la jurisprudencia constitucional», dijo el prefecto, que es la única autoridad regional que ha planteado una oposición frontal a la consulta por considerarla ilegal.
La primera resolución contra el revocatorio fue emitida la semana pasada por Salame en respuesta a una demanda del diputado opositor Arturo Murillo, de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN).
Sin embargo, frente a esa decisión la CNE ratificó la consulta para el 10 de agosto, aunque en medio de disidencias internas que son analizadas hoy con los presidentes de los órganos electorales departamentales.
A esta cita, al igual que el miércoles, no asistió la delegación de la Corte de Santa Cruz, que se opone al revocatorio, ni la de Potosí por conflictos sociales en la región, aunque ésta última manifestó que está dispuesta a seguir adelante con la consulta.
De su parte, el Gobierno rechazó tajantemente el primer decreto de Salame e incluso la demandó ante el Congreso por prevaricación, al tiempo que de que advirtió a los vocales electorales que si se oponen a la consulta serán sometidos a juicios civiles y penales.
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