Han pasado tres años del derrame de petróleo de Repsol en el mar de Ventanilla y que afectó las aguas de Aucallama, Ancón, Santa Rosa y Chancay en el norte de Lima y existe un 60% del crudo vertido en la costa que no ha sido limpiado por la empresa, además 18 planes de rehabilitación presentados por la empresa han sido desestimados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Son 18 las propuestas presentadas por Repsol que han sido rechazadas por el ministerio, al considerar que tiene información incompleta, insuficiente y en algunos casos errónea, según lo analizado en el informe “¿Repsol limpió el desastre? Situación actual y retos pendientes para la recuperación de la vida marina a tres años del derrame de petróleo” presentado por la ong Cooperacción con el apoyo de Oxfam.
Según el documento que recopila información de diversas fuentes, las propuestas de Repsol presentan fallas graves en las estrategias de intervención y omiten riesgos significativos tanto para la salud humana como para los ecosistemas marinos.
La estrategia de Repsol, planteada en sus propuestas presentadas para “recuperar” el mar, consiste en dejar que el petróleo se diluya de forma natural, sin presentar una evidencia técnica que respalde esta posición. Al respecto -de acuerdo al informe- organismos como el Servicio Nacional Forestal (Serfor) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) estiman que la “desaparición natural” podría tardar entre 5 y 23 años, perjudicando la flora y fauna del ecosistema marino.
Un plan ligero y con fallas
El Ministerio de Energía y Minas ha señalado múltiples deficiencias en los planes de rehabilitación, como muestreos bióticos y abióticos en una sola temporada, cuando la normativa exige al menos dos. Además, Repsol excluye zonas bajo el argumento de que eran inaccesibles, una afirmación refutada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que logró realizar muestreos en esas mismas áreas. Las fallas han sido corroboradas por entidades como el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes).
La ligereza de las propuestas va de la mano con los 22 procedimientos administrativos de los cuales fue objeto Repsol por el derrame ocurrido el 15 de enero de 2022, lo que significó una serie de multas por más de 72 millones de dólares por acciones que incluyeron el ocultamiento de información, la actuación negligente en la contención y limpieza del derrame, y la entrega de datos falsos.
Cabe recordar que el 16 de enero de 2022 a la 1:55 de la madrugada, mediante la plataforma de Emergencias Ambientales Refinería La Pampilla remitió al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el Reporte Preliminar de Emergencia Ambiental (RPEA) correspondiente al derrame ocurrido.
En dicha comunicación, la subsidiaria de Repsol informó sobre la presencia de un producto oleoso en un área de 2.5 metros cuadrados y el derrame de 0.16 barriles de hidrocarburos.
Posteriormente, el 28 de enero de 2022, mediante la Plataforma de Emergencias Ambientales, la empresa registró el Reporte Final de Emergencia Ambiental, en donde informó que la cantidad de petróleo crudo derramado fue de 10 396 barriles y que el área afectada por el demarre abarcaba un total de 10 652 hectáreas, el equivalente a casi 300 campos de fútbol.
“A tres años de uno de los mayores desastres ambientales en el Perú, Repsol ha demostrado estar lejos de los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, de los que se considera referente. La falta de compromiso real con las comunidades afectadas y la ausencia de un enfoque de reparación integral del daño son alarmantes”, sostuvo Miguel Lévano, Coordinador de Programas y Alianzas de Oxfam en Perú.
“Esto no solo perpetúa el impacto del derrame, sino que también socava la confianza en la capacidad de la empresa para actuar con responsabilidad en el país”.
Impacto en las comunidades pesqueras
El derrame no solo ha afectado al medio ambiente, sino que también ha tenido un impacto devastador en las comunidades pesqueras de la región. Según el estudio “Revelando el daño: valorización económica por la pérdida de bienestar de las familias pescadoras afectadas por el derrame de petróleo de Repsol en la costa de Lima”, elaborado por CooperAcción con el apoyo de Oxfam, cada familia pescadora ha perdido, en promedio, 149,714 soles al año (aproximadamente 40.000 dólares). Miles de pescadores aún no pueden retomar sus actividades sin poner en riesgo su salud debido a la contaminación persistente.
Aunque Repsol asegura haber compensado al 98% de las personas afectadas, la Defensoría del Pueblo ha señalado que muchas de estas negociaciones se llevaron a cabo a puerta cerrada y bajo condiciones impuestas por la empresa, sin garantizar un trato justo. Mercedes Yovera, vicepresidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ancestrales y Tradicionales, exigió que la empresa no solo remedie el daño ambiental, sino que también complete la compensación a las familias afectadas. En 2023, 19 organizaciones de pescadores lograron iniciar un proceso de negociación con asesores y observadores, mientras que en 2024 más de 34.000 personas presentaron una demanda de indemnización ante un tribunal en los Países Bajos.
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