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Se encontraba encerrada, completamente alejada de todos y sin documentos. Constantemente su captor le daba detalles sobre el círculo amical de ella y amenazaba (para que no huya) con hacerle daño —incluso de asesinar— a sus familiares si no hacía lo que él quería. La mayoría de sus ‘compañeras’ fueron traídas con el engaño de ganar dinero haciendo modelaje, ventas, meseras o labores de casa. Los traficantes usaron desde agencias de empleo o avisos en diarios, postes y mercados locales, hasta las redes sociales.

El negocio del oro en Madre de Dios trae consigue otros «negocios» como la explotación sexual y la trata de personas /Foto: Actualidad Ambiental

Por Luis Pacheco 
@luispachecoq

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que, entre enero y julio de este año, recibieron 821 llamadas alertando la explotación de personas, principalmente en Lima, Loreto, Cusco, Áncash, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, San Martín e Ica; 66 terminaron en denuncias y 38 víctimas pudieron ser rescatadas de mafias dedicadas a la trata de personas. Sin embargo, el Mininter no informó que, en muchas de estas denuncias (sobre todo de las indígenas menores de edad), las víctimas sufrieron el atropello de sus derechos; no se les creía, fueron tratadas como delincuentes y hasta separadas de sus hijos.

Es notorio que el Estado y los ciudadanos continúan indiferentes frente a la trata de personas. Por eso, saber qué sucedió durante y después del rescate de las víctimas es importante para mejorar su atención y protección.

La justicia que nunca llega
En ese contexto, se puede mencionar el caso de una adolescente de 16 años, natural de Iquitos, quien fue víctima de explotación sexual por un mes en 2013. Ella presentó síntomas de depresión, frustración y desconfianza. No obstante, sintió que debía ser escuchada y, luego de su rescate, manifestó que no esperaba reparación civil alguna, solo quería que los responsables del abuso paguen por el daño. “Deseo que agarren a esas personas y así sentir que se está haciendo justicia”, dijo. En otros testimonios, algunas víctimas se evidenció el desarrollo de una suerte de síndrome de Estocolmo, pues argumentaron sentirse mejor siendo explotadas después de la desprotección y el maltrato de las autoridades tras ser rescatadas.

La trata de personas es un negocio estructurado con reglas y normas establecidas, sumamente lucrativo y ubica al Perú en el cuarto lugar de América Latina (por debajo de Guatemala, Haití y República Dominicana). El registro de casos a nivel fiscal, entre 2007 y 2013, suman un promedio de 221 por año; 57% de las víctimas tiene entre 13 y 17 años, 85% son mujeres, el 54% fueron captados a través de una falsa oferta de empleo y el 50% de estos casos, con fines de explotación sexual.

En un informe (febrero de 2016) de Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) se indica que las autoridades no atendieron a las afectadas, pues desconfiaban de sus testimonios. Contrariamente, las víctimas recién fueron atendidas cuando llegaron acompañadas por representantes de la ONG mencionada. Esto demuestra que no existe una cultura de respeto por los derechos de los denunciantes y nos deja una sensación de impunidad y desinterés por parte de la Policía y la Fiscalía. “Me dijeron que la denuncia estaba procesándose y que a la persona la iban a agarrar…pero hasta ahorita, que yo veo, no sé nada[sic]”, sostuvo una rescatada.

La explotación infantil es una de las problemáticas más alarmantes en el Perú. / Foto: Internet

¿Quieres ayuda? ¡Paga!
Señalar que las afectadas necesitan información del proceso que se les sigue es importante porque, en algunos casos, las autoridades les cobraron por la ayuda brindada. “Yo quisiera que les pongan en su lugar para que cambien, para que hagan su deber bien (se refiere a la PNP) que no se dediquen a estar cobrando a la gente para que recién hagan justicia [sic]”, declaró una de las víctimas.

Asimismo, la intervención psicológica es urgente luego del rescate de las víctimas, pues ‘volver a empezar’ les es muy difícil por los traumas de la experiencia. Además, en muchos casos, los medios de comunicación, coludidos con algunos policías, violentaron el derecho a la intimidad de las explotadas cuando les hicieron reportajes. “Me sentía bien mal porque, por los policías que me habían informado, me habían sacado a nivel nacional (se refiere a que su información salió en las noticias). Me escondía, no quería que me miren, sentía vergüenza, me sentía al lado de mis padres y ellos me disculparon, pero también me sentía mal porque la gente en la calle me insultaba, pero eso ya no le hacía caso…[sic]”, reveló una de ellas.

La pobreza y la desigualdad inician la pesadilla
El delito de trata de personas es la explotación de hombres y mujeres con fines económicos sin su consentimiento. La precariedad y la vulnerabilidad son factores que empujan a algunos jóvenes a aceptar propuestas de trabajo sospechosas con el fin de mejorar su condición económica. Además, Perú mantiene una situación de gran desigualdad social, con niveles de pobreza y extrema pobreza de 33% y con una población económicamente activa con casi 70% de informalidad. Somos un poco más de 30 millones de peruanos, de los cuales más de 10 millones son menores de edad (INEI-2011).

Según investigaciones policiales, las víctimas —una vez captadas— son trasladadas en buses informales por rutas con poco o casi nada de control. Asimismo, las mafias operan en bares sin licencias donde no existe ningún tipo de fiscalización. Se estima que, en Madre de Dios, en la zona de minería informal, existirían 400 bares donde se explota a menores de edad.
Soluciones que necesitan más que voluntad

Especialistas en Derechos Humanos señalan que escuchar a las sobrevivientes es imprescindible para establecer una mejora de la atención y protección de las afectadas. No es suficiente que las víctimas hagan pública su trágica experiencia, es necesario que el gobierno capacite a las autoridades con un conocimiento más profundo sobre este delito y sobre los derechos de las víctimas para salvaguardar la salud mental de ellas.

Desde enero de 2007 existe la Ley N° 28950 contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y desde 2011 se aprobó el Plan Nacional de Acción contra este delito. Sin embargo, en 2014 la mayoría de gobiernos regionales informaron que no contaban con presupuesto necesario para implementar estas medidas.

Las ONG, que trabajan en estos casos, actúan conforme a sus posibilidades y limitaciones; no pueden asumir el rol de abogado defensor en el proceso judicial ni de seguimiento de los casos, solo pueden brindar información y orientación. Además, el Estado, cuando es monitoreado por la sociedad civil, cumple su función con efectividad. Se espera que, de la misma manera, el Estado esté presente en las actividades donde las ONG brindan ayuda.

Es claro que se deben continuar profundizando esfuerzos en esta lucha. Las víctimas reflejan que algo no está sucediendo de acuerdo al plan —si es que lo hay—. Las actividades de prevención se deben reforzar junto con la estructuración de acciones que hagan participe a toda la sociedad en conjunto (medios de comunicación, Defensoría del Pueblo, ministerios, entre otros) y que esta no siga mirando de reojo los casos de trata de personas.

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