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Entre la censura a Jaime Saavedra y las fiestas de fin de año, pasó algo desapercibida una noticia que golpea una vez más a uno de los grupos más criticables de la iglesia católica. Se trata del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), que además de las denuncias por violencia sexual y psicológica contra varios de sus integrantes, afronta ahora una grave acusación que lo vincula a tráfico de tierras, invasiones, asesinatos y pagos a una de las bandas delictivas más poderosas del norte del país. Todo ello en un reportaje de la cadena Al Jazeera, preparado en equipo junto al periodista peruano Daniel Yovera.

Terreno que fue usurpado por La Gran Cruz en Piura, para el SVC / Foto: Captura de pantalla

Redacción Spacio Libre
@spaciolibre

El informe de Al Jazeera, revela que el SVC es el principal promotor de la Asociación Civil San Juan Bautista, una organización -en el papel- sin fines de lucro, pero que en realidad es la sombrilla de una serie de negocios inmobiliarios en Lima y el norte del país. En la capital de la República, San Juan Bautista maneja el cementerio Parque del Recuerdo, mientras que en Piura son los flamantes propietarios del proyecto inmobiliario Miraflores Country Club, una inmensa área -ahora desierta- que ofrece el sueño del condominio perfecto, «una ciudad dentro de otra» para los sectores pudientes de Piura.

Pero, para lograr ese objetivo tenían que superar un escollo complicado. Las tierras donde pretenden construir el condominio, tiene una cantidad de posesionarios y habitantes que no pretende vender ni dejar sus tierras. Para ello, la Asociación, no tuvo mejor idea que contratar los «servicios profesionales» de la banda La Gran Cruz del Norte, uno de los grupos delincuenciales más peligrosos del norte del país.

En un resumen preparado por el blog Desde el Tercer Piso, se señala lo siguiente:

La finalidad de los desalojos ha sido la construcción del proyecto Miraflores Country Club, una gran urbanización destinada al sector B en la ciudad del norte del país. Como relata el reportaje, los vendedores de la inmobiliaria reconocen abiertamente la ligazón del proyecto con el Sodalicio de Vida Cristiana.

El policía Pedro Zapata indicó a Al Jazzeera que, al intervenir a Dennis Cruz, miembro de La Gran Cruz del norte, se le encontró un voucher con un pago de 70,000 soles, a nombre de la Asociación San Juan Bautista. El expresidente de la misma, Carlos Gómez de la Torre, reconoció el pago a dos de los cabecillas de esta organización, pero por servicios de seguridad. Sin embargo, varios de los miembros de la comunidad de Castilla han denunciado como invasores de terrenos a los miembros de la banda criminal. El abogado de la inmobiliaria ha negado dicha sindicación.

Como cereza del pastel, el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, principal figura del SVC es sindicado por un colaborador de la policía -ex miembro de la Gran Cruz- como una de las personas que se reunió con integrantes de la banda y Carlos Gómez de la Torre Pretell, hombre fuerte de la Asociación, para «cerrar» el contrato para efectuar los desalojos.

Este es el informe completo de Al Jazeera. Si tu inglés es tan básico como el nuestro, tiene subtítulos disponibles en español (Hazle click a «CC»)

LA RESPUESTA DEL SODALICIO 

Fiel a su costumbre, los miembros del Sodalicio, no respondieron en ningún momento al reportaje. Más allá de las declaraciones escritas del abogado de Miraflores Country Club, negando todas las acusaciones, nadie quiso responder a las preguntas que los periodistas Daniel Yovera y Seamus Mirodam.

Por el contrario le encargaron a un personaje la realización de un ¿reportaje? que responda a las acusaciones formuladas. El encargado de hacer dicho reportaje, es un viejo conocido: El expublicista y exparlamentario fujimorista Carlos Raffo.

El blog Desde el Tercer Piso, lo informaba así:

Para tratar de refutar la investigación, se ha preparado un video con varias medias verdades y, sobre todo, una gran mentira: insinuar que Yovera pagó por los testimonios presentados por el reportaje. Específicamente, en el minuto 20, una persona indica que “una persona me quería entrevistar y a cambio me pedían un apoyo económico”. Y luego, tratan de acusarlo de mala praxis periodística.

En otras palabras, lo que se busca, además de evadir una respuesta directa a lo presentado en Al Jazeera, una de las cadenas de noticias más importantes del mundo, es embarrar a quienes han hecho este reportaje.

Raffo, ha reconocido en sus cuentas de redes sociales que es miembro de la «familia sodalite» y que sus hijas han estudiado en el colegio Villa Cáritas, manejado por el SVC.

El ¿informe? de Raffo, se puede ver a continuación

Pero como ya lo hemos señalado, el reportaje a la medida hecho por Raffo contiene una serie de inexactitudes. La abogada y periodista Rosa María Palacios las reseña así en su blog:

  1. El SVC no existe. Es curioso pero casi ni se nombra. Y esto es clave porque lo que se omite dice más que lo que se expresa. Aquí hay muchas preguntas sin contestar. Las organizaciones que pertenecen a la Iglesia Católica tienen exoneraciones tributarias extendidas en razón a que los servicios que prestan porque procuran un bien social deseable (educación, salud, ayuda espiritual), que muchas veces el Estado no puede prestar, siempre que no exista fin de lucro. No me opongo a ello (aunque puede haber opiniones muy diferentes) pero a lo que si se tiene que oponer el Estado es que a través de la vía de la acumulación de un capital obtenido sin pagar impuestos se invierta en actividades lucrativas. Así cualquiera hace buenos negocios. Es decir, la Inmobiliaria si es un contribuyente común, pero su socio capitalista (Fundación San Juan Bautista) no lo es. No es ilícito pero para eso no se crearon las exoneraciones tributarias a la Iglesia Católica. Y no estamos hablando aquí de un templo, una casa de retiro o una residencia para religiosos. Tampoco de alquileres diminutos que se usan para dar vivienda social. Estamos hablando de 300 hectáreas con edificios multifamiliares, residencias y centros comerciales. De esto, ni una palabra.

  2. Lo que se dice reiteradas veces (hasta con letras amarillas grandes) es que en estas tierras “NO HABIA NADIE”. Nada, sip, cero. Hasta mapas de google muestran a toda velocidad. Muy bien. Clarito, ¿verdad? Nadie. Entonces, ¿por qué les pagaron a los “legítimos” posesionarios”. Legítimos, ojo. No precarios. Se repite varias veces la palabra “legítimo”. ¿No era que no había nadie ahí? ¿Cómo puedo ser nadie y legítimo posesionario a la vez?

  3. La defensa confunde (culpa de los abogados que tenemos una distorsión de la verdad) la verdad procesal con la realidad. Por ejemplo, llegar a un arreglo extracontractual con quien te demanda no quiere decir que nunca te demandaron. Quiere decir que no estas demandado hoy, pero que el conflicto si existió. Y eso es lo que interesa a Daniel Yovera. Es decir, si nunca hubo conflicto ¿Por qué tanto juicio? Ellos mismos muestran decenas de expedientes judiciales que prueban que no existió precisamente “paz social” en la zona. La han logrado a punta de pagar. Eso es otra cosa. Y si han pagado no es por “razones humanitarias” como dice uno de los abogados. Disculpen, pero eso ya es de risa.

  4. Un prontuariado delincuente, por sí sólo, puede ser un mal testigo y en eso cualquier periodista ésta de acuerdo. Pero, ¿un policía a la que la banda “La Gran Cruz” le asesinó un hijo si puede ser un buen testigo? ¿verdad? A ese, no lo quieren nombrar. Y ¿Si un testimonio se corrobora con el otro y con otros más? Los que hicieron tratos con delincuentes fueron los gestores de la inmobiliaria (no los periodistas) y es por ello que deben ser entrevistados. Lo que no dice la defensa es que sus asalariados por 18 meses están presos, esperando largas condenas por crímenes horrendos. Esos no son “trabajadores de construcción civil”. Y ellos lo sabían. Acusar a Daniel Yovera de querer pagar un testimonio es una mentira. ¿Qué ellos les pagaron a delincuentes? Lo han admitido, corroborando todo.

  5. No han usado la palabra “extorsión” como sugerían verbalmente los primeros días. El argumento no se sostiene. ¿Extorsión de 18 meses a una inversión inmobiliaria de ese tamaño? Más barato les salía llamar a la policía. Más contactos tienen en la fiscalía y el Poder Judicial para denunciarlos. Si hoy los delincuentes están presos es porque tuvo que venir un equipo de Lima. ¿No podían colaborar con la justicia en lugar de “colaborar” con los delincuentes? Que los hallan excluido del proceso no niega una verdad más grande que su proyecto. ¿Le pagaron a criminales? ¿Sí o no? Sí. Y es la verdad. Sin matices.

En síntesis, la estrategia de siempre, esconderse y mandara a otro a que lance la piedra. Y una relación peligrosa entre la iglesia y un fujimorista. (¿Recuerdan a Keiko con Cipriani?).

Y un bocadito final que debería ser también investigado. ¿Se acuerdan que la Municipalidad de Lima le «regaló» hace unos meses al sodalicio un terreno en Ancón para un cementerio?. A ver, vamos a dirigir los focos a la Plaza de Armas.

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Por Spacio Libre

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Un comentario sobre «Las relaciones entre el Sodalicio y la banda «La Gran Cruz del Norte» para sus negocios inmobiliarios»

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