Lima, Perú (CNR/Spacio Libre).- El proyecto de ley del gobierno para sancionar con penas de cárcel a quienes reproduzcan información obtenida a través de la interceptación telefónica u otro procedimiento ilegal, tiene por único fin encubrir la corrupción que carcome al gobierno, aseveró el analista político Fernando Rospigliosi.
En declaraciones al programa «Diálogo Directo» de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Rospigliosi Capurro denunció el interés del Ejecutivo por ocultar los actos irregulares cometidos en la actual gestión del APRA.
En ese sentido, rebatió a aquellos «plumíferos» del gobierno, que tratan de justificar la propuesta en la legislación de otros países, poniendo como ejemplo a Costa Rica o Chile.
«Se trata de países donde las instituciones sí funcionan (…) pero en un país como Perú, donde el Poder Judicial no tiene ninguna credibilidad y tiene bien ganado su desprestigio (…) obviamente que si no hay denuncias a través de los medios, las cosas por lo general no marchan», enfatizó.
En ese contexto, especuló con lo que hubiera pasado si, en el caso de los «petroaudios», hubiera entregado el material directamente al Ministerio Público, sin pasar primero por los medios. «Los corruptos habrían iniciado seguramente una campaña de para desprestigiar la acusación antes de que el público conociera de qué se trataba, no habría caído un gabinete; no habría pasado nada: todo lo habrían tapado y barrido bajo la alfombra».
El también ex ministro del Interior criticó, así mismo, el rol asumido en este caso por el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon. «El abanderado de la corrupción; el premier presenta lindos planes, pero en la práctica, lo que hace es avalar la corrupción», subrayó.
Finalmente, destacó la necesidad de emprender una campaña a nivel de los medios de comunicación para que la opinión pública conozca lo que pretende hacer el régimen de turno.
Cabe recordar que el proyecto gubernamental plantea la modificación del Código Penal para sancionar con penas de tres a cinco años de prisión a quienes comercialicen, adquieran, transfieran o reproduzcan información obtenida a través de la interceptación telefónica u otro procedimiento ilegal.
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