Esta semana empieza la XIX Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP por sus siglas en inglés), que podría ser -quizás- la última. De concretarse, el TPP sería la mayor área de libre comercio del mundo, involucrando a 12 países que representan el 40% del PBI global: EEUU, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Malasia, Brunei, Singapur, Chile, México y Perú.
Pero, además de “comercio”, ¿este acuerdo trae algo más? Son numerosos los capítulos que se están negociando y muy escasa la información disponible para el público. Pero no sólo para el público: incluso autoridades -como congresistas y funcionarios ministeriales- no pueden acceder a información oportuna acerca de los compromisos que estaría asumiendo nuestro país en este tratado.
Casi todo lo que se sabe ha sido gracias a filtraciones de información. Por ejemplo, el 2011 se filtró un texto del capítulo de propiedad intelectual en lo relativo a medicamentos, donde se plantea ampliar el ámbito de patentabilidad. Es decir, ya no se podría patentar solamente moléculas nuevas (es decir, nuevas medicinas) sino también segundos usos descubiertos para esas mismas moléculas, nuevas formas de las mismas moléculas, nuevas formas de dosificación para utilizarlas, así como métodos de diagnóstico y tratamiento quirúrgico… ¡Quieren patentarlo todo!
Detrás de estas propuestas está sin duda el lobby de la industria farmacéutica norteamericana, que busca evitar la competencia de medicamentos genéricos y mantener sus precios altos. Estas cláusulas han llevado a una institución tan prestigiosa como Médicos Sin Fronteras a calificar al TPP como el acuerdo más peligroso de la historia para el acceso a medicamentos. Una investigación independiente determinó que asumir algunas de esas condiciones implicaría para el Perú un gasto anual adicional equivalente al gasto en medicamentos de 1’600’000 personas.
También se filtró el texto relativo a derechos de autor y libertades en Internet. A decir de diversos entendidos en la materia, el texto filtrado es aún más peligroso que las leyes ACTA y SOPA rechazadas en el propio EEUU. El borrador muestra que EEUU busca convertir a los proveedores e intermediarios de servicios de Internet en “policías” de los derechos de autor, eliminando contenido y sancionando a los usuarios por supuestas infracciones sin la decisión de un juez ni de una entidad administrativa.
Gracias a Wikileaks sabemos desde fines del 2010 que otro de los temas polémicos es el de los transgénicos. En un cable filtrado por la organización de Julian Assange, se menciona que la legislación de Nueva Zelanda que exige el etiquetado de los alimentos que incluyan Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en sus ingredientes, es vista como un obstáculo por los lobbystas de la transnacional Monsanto. Ojo: en el Perú, la Ley también obliga a etiquetar estos productos.
Otros temas “filtrados” incluyen asuntos tan preocupantes como reglas sobre el precio de referencia para la compra de medicamentos por parte de organismos del Estado; protección de datos de prueba para medicamentos biológicos, lo que restringiría la competencia en estos productos vitales para el tratamiento del cáncer; o restricciones a la actuación de las empresas del Estado, a las que se obligaría a competir bajo la lógica comercial dejando de lado su rol social.
La pregunta es: ¿cómo es posible que aspectos tan importantes sólo sean conocidos gracias a “filtraciones”? ¿Qué pasa con los mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información? En anteriores negociaciones (por ejemplo, la del TLC con EEUU) la sociedad civil pudo acceder a los textos en negociación: ¿por qué eso no ha ocurrido ahora?
Diversos congresistas han enviado oficios al MINCETUR solicitando información, y en muchos casos han recibido documentos generales que -por si fuera poco- están colgados en la web. El propio Ministerio de Relaciones Exteriores envió al MINCETUR un oficio solicitando información para responder algunas preguntas del Relator de la ONU para el Derecho a la Salud, pero no recibió respuesta oportuna. Si hasta las autoridades tienen dificultades para acceder a la información: ¿qué podemos esperar?
La semana pasada, el senado chileno aprobó por unanimidad una moción pidiendo al Presidente de ese país un debate amplio y mayor transparencia en esta negociación.
Y es que el secretismo y la falta de transparencia son puntos críticos en esta negociación. ¿Qué compromisos están siendo asumidos en nuestro nombre? Tenemos derecho a conocerlos y discutirlos ampliamente, antes de que finalice la negociación.
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