Por: Paul Maquet
Esta semana, Daniel Mora ha sido reelegido como presidente de la Comisión de Educación con el encargo de culminar con la aprobación de la nueva Ley Universitaria. Mora ha tenido un logro inédito: poner en su contra a todos los sectores del mundo universitario: desde los diversos gremios y movimientos estudiantiles, que han optado por luchar por el “archivamiento” del proyecto, hasta los rectores que lo califican de “catástrofe”, pasando por el sector empresarial que califica el predictamen de “controlista” y “peligrosísimo”.
¿Se puede aprobar una nueva Ley con todos en contra? En vez de seguir corriendo para aprobar los artículos pendientes, como ha venido haciendo en las semanas previas a Fiestas Patrias, el reelecto Mora debería hilar muy fino y tejer las alianzas necesarias para impulsar la impostergable reforma universitaria. Los intereses políticos y empresariales que giran alrededor del mundo universitario son demasiado gruesos como para creer -inocentemente- que se puede consolidar una reforma importante sin persuadir, convencer y negociar. Invitar a los estudiantes para “escucharlos” no es suficiente.
Las razones que han llevado a sectores tan dispares a coincidir en su crítica frontal contra la ahora bautizada como “Ley Mora” son contradictorias entre sí. Los rectores y empresarios temen perder poder, pues efectivamente el predictamen establece una mayor regulación al trasladar funciones que ahora corresponden a las autoridades universitarias hacia una nueva “superintendencia” conformada por representantes del Ejecutivo, de las universidades, de los colegios profesionales y de los gremios empresariales. Sin duda, esto limita el control total que rectores y dueños tienen en la actualidad sobre el mundo universitario, donde nadie puede ponerle el cascabel al gato. A esta lucha por mantener su poder, los rectores y dueños la han llamado “defender la autonomía”.
Por su parte, los gremios universitarios mantienen una lucha por la “autonomía” pero al mismo tiempo un cuestionamiento al poder -muchas veces corrupto- de rectores y dueños. Junto con ello, levantan banderas de rechazo a la privatización y mercantilización de la educación, y demandan garantizar los derechos de participación y organización estudiantil.
¿Quién tiene más que perder? Si uno revisa el proyecto tal como está, son las mafias y los mercachifles de la educación quienes tienen más amenazas. La nueva Ley les exigirá más democracia y transparencia mediante elección universal y mecanismos de rendición de cuentas, les pondrá un organismo regulador y les obligará a invertir más en investigación y acreditación de la calidad educativa, reduciendo con ello la plusvalía (en el caso de las universidades-empresa) así como las posibilidades de corrupción (en general).
En cambio, los estudiantes logran importantes avances de acuerdo al texto del proyecto. En primer lugar, conquistan el derecho a elección universal de autoridades, lo que le romperá el espinazo a las redes de clientelaje y manipulación política que se han apoderado de las asambleas y consejos universitarios. Esa es una propuesta que tiene varios años y que al inicio era considerada poco menos que una locura: ahora está incorporada en el texto del predictamen. Luego, ganan nuevos mecanismos de fiscalización y transparencia, así como un fondo de investigación concursable.
En otros aspectos, el predictamen es casi identico a la Ley vigente: el texto referido a gratuidad no cambia, y lo mismo ocurre con lo referido al bienestar universitario. Si bien la Ley establecería la pérdida de la gratuidad en caso de “jalar” cursos, eso ya está está contemplado en la legislación mediante el decreto 739 impuesto por la dictadura de Fujimori, así que no es algo “nuevo”.
Así pues, en la mayoría de aspectos el texto implica o un avance o en todo caso una continuidad con lo actual, no un retroceso. Sí hay un punto en el que el proyecto podría significar un retroceso significativo: en los artículos 95 y 96 referidos a los derechos y deberes de los estudiantes, se establecen condiciones casi copiadas de la propuesta represiva presentada por el Ejecutivo hace varios meses, señalando que los estudiantes solo pueden asociarse y usar las instalaciones de la universidad para “los fines de la universidad”. Violar esta disposición puede llevar a sanciones, amonestaciones y a la expulsión. La pregunta es sencilla: organizar la marcha de los 4 suyos o las marchas contra la repartija, recoger firmas a favor de la despenalización del aborto o por la prohibición de las corridas de toros, o protestar contra el rector ¿son fines de la universidad? Hacer activismo, ejercer ciudadanía y participar políticamente son cosas inherentes al mundo universitario, y esta concepción represiva de los derechos estudiantiles puede ser muy peligrosa.
Pero la Ley no está aprobada, lo que significa que aún se puede cambiar. Mi recomendación para los movimientos estudiantiles: acercarse al tema con una óptica propositiva, es decir, indicando qué se puede cambiar y cómo, solicitando reuniones de trabajo y llegando a ellas con textos alternativos, acompañando la protesta con acciones de incidencia política. El texto definitivo de la Ley está en disputa, y es mejor que esa disputa la ganen los estudiantes y no los rectores o los dueños.
Mi recomendación para Mora y la comisión que dirige: ¡hacer política! Para lograr aprobar una Ley que sea duradera e implique una reforma importante necesita forjar alianzas, y si de verdad quiere -como siempre dice- cortar con el poder de las mafias y mercaderes de la educación, necesita que su proyecto logre un amplio consenso en la sociedad y especialmente en el mundo universitario, entre docente y estudiantes. Acérquese a ellos con el ánimo de negociar, recoja sus propuestas y refleje en los textos sus preocupaciones en torno a gratuidad, autonomía y participación. Tómese su tiempo para ello: hemos esperado casi 15 años por una reforma universitaria, podemos esperar un poco más. Es mejor ir lento antes que aprobar, de manera apresurada, una Ley que luego sea tumbada por la calle.
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