Lamentable decisión. Denuncia contra el líder del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), Luis Fernando Figari y otros miembros por los presuntos delitos de violencia sexual, fue archivada por prescripción y falta de pruebas.
Francisco Pérez García
@franco_alsur
La clarinada de alerta la dio el periodista Pedro Salinas, quien ha sido uno de los investigadores que denunció y registró los diversos casos de agresiones sexuales, físicas y psicológicas perpetrados por el SVC.
A través de su cuenta de Facebook, el coautor del libro «Mitad Monjes, Mitad Soldados», resumió su indignación frente a este hecho
Según una nota de prensa del Ministerio Público, la titular de la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima, María del Pilar Peralta Ramírez archivó el caso, con un increíble argumento: señala que durante su investigación «no hubo ningún afectado que se acercara a denunciar que haya sido víctima de dichos abusos.»
Afirma también que por el tiempo transcurrido desde la creación del movimiento, hace más de 40 años, «los delitos ya habían prescrito de haberse cometido».
La justificación también asevera en el caso de la denuncia por secuestro, lesiones graves y asociación ilícita, que los denunciantes Pedro Salinas, Oscar Osterling, Martín y Vicente López de Romaña, eran mayores de edad al ingresar al SVC, cumpliendo un requisito de dicha institución, no existiendo menores de edad al interior de la misma y que el ingreso fue voluntario, por lo cual no se puede estipular la figura del secuestro.
Pero quizá, el fundamento más alucinante, es que «ninguno de los presuntos agraviados, presenta actualmente problemas psicológicos derivados de su permanencia en el Sodalicio. Por el contrario las pericias demuestran que todos ellos llevaron vidas personales y profesionales exitosas.»
«ES UNA PATADA EN EL HOCICO A LAS VÍCTIMAS»
Para el periodista y ex miembro del SVC, José Enrique Escardó la decisión de la fiscalía «Es una patada en el hocico de las víctimas. ¿Qué querían? ¿Qué lesiones querían que mostráramos después de 20 o 30 años?.
Sobre el argumento de que las víctimas no presentaban problemas psicológicos, Escardó señala que en su caso, el Sodalicio ha reconocido a través de Ian Elliot (experto en temas de protección de menores de edad abusados sexualemnte), qué él es una víctima de los abusos cometidos al interior de la organización católica y que se le está pagando una terapia psicológica.
«¿Cómo puede el mismo Sodalicio reconocer eso y la Fiscalía decir que no sufrimos problemas? Se nos hizo pericia, pero ya saben cómo es eso en el Ministerio Público. ¿Por qué no pidieron pericia de quienes nos tratan?», expresó Escardó Steck en diálogo con Spacio Libre.
Respecto al tema de la prescripción, asegura que ya sabían que el delito de abuso sexual había prescrito desde que la Fiscalía inició la investigación de oficio, y por ello pidieron en su denuncia la ampliación a otros delitos: asociación ilícita para delinquir, secuestro y lesiones graves.
Reconoce que lamentablemente, «si se hubieran acercado víctimas del delito de abuso sexual, no pasaba nada. Por eso es que las víctimas no se acercaron, por temor a que la Fiscalía no fuera cuidadosa con sus identidades.»
Escardó no descarta que exista presión del Sodalicio y de las altas esferas de la Iglesia Católica.
«Claro que la hay. Es de dominio público la influencia de la Iglesia y el temor de las autoridades judiciales cuando se trata de casos que involucran al clero y a religiosos influyentes, no solo en el Perú. Están los casos de Karadima en Chile y (Marcial) Maciel en México.»
APELARÁN LA DECISIÓN
En la parte legal, el abogado José Ugaz aseveró que apelarán a la decisión de la fiscal Peralta.
En declaraciones al portal Altavoz, Ugaz afirmó
«De todas maneras se va a interponer un recurso de queja, primero porque la fiscal no ha cumplido con el plazo que establece la ley, ha decidido cortar la investigación cuatro meses antes de que esta termine y con argumentos que son totalmente errados, como que los delitos habrían prescrito».
Asimismo considera, al igual que Escardó, que el planteamiento no era por violación sexual y que «la fiscal no ha entendido que el planteamiento no era por ese tema, sino por secuestro, y que las pruebas del secuestro están claramente acreditadas.»
«Hemos presentadas dictámenes de peritos, psicólogos especializados que señalan de manera contundente que ha habido una pérdida de la libertad, sin embargo la fiscal dice que no hay ninguna evidencia en la investigación, pese a las múltiples declaraciones de los testigos»
«EL ENCARGO LE QUEDÓ GRANDE A LA FISCAL PERALTA»
Quien también tuvo expresiones de descontento frente a la decisión fiscal, fue la periodista Paola Ugaz, coautora del libro «Mitad Monjes, Mitad Soldados».
En conversación con Spacio Libre, Ugaz manifestó sentir desazón por la resolución de la fiscal «quien no ha tenido en cuenta todos los testimonios que han ido a su despacho, y haciendo de tripas, corazón han revivido los hechos traumáticos que vivieron durante su paso por el Sodalicio.»
Además del camino legal, la sociedad debe hacer algo para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con tantos menores de edad, y por ello se debe prohibir que los menores de edad estén a solas con profesores y autoridades religiosas, sea de la religión que sean.
Sobre la posibilidad de una presión por parte del SVC y de la Iglesia, la periodista afirmó no tener certeza de ello, sin embargo «de lo que sí tengo certeza es que el encargo de la fiscal Peralta le quedó grande».
Toca esperar el resultado de la apelación y velar porque estas denuncias no caigan en saco roto, ni que la impunidad gobierne una vez más los destinos de las víctimas de quienes ostentan su poder para perpetrar estos crímenes.
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Spacio Libre