Lima, Perú (Spacio Libre).- Representantes indígenas y de las organizaciones de la sociedad presentaron el VI Informe Alternativo 2012 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. En la exposición del informe se cuestionó la ausencia de una base de datos del total de pueblos indígenas que existen en el país, por la razón que muchos de ellos no se encuentran registrados, y por ello, no son tomados en cuenta en el proceso de consulta.
La abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cecilia Serpa, señaló que el Viceministro de Interculturalidad debe elaborar y difundir una Guía Metodológica y la Base de Datos de los pueblos indígenas del Perú. También, dijo que para analizar este problema se viene convocando una consulta previa en marzo del 2013.
Por otro lado, Alberto Pizango, presidente de La Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) comentó que “los pueblos indígenas estamos convencidos de que frente a la imposición de proyectos de desarrollo que nos han traído muertes, despojos y miseria, hay una propuesta de proyecto de desarrollo armonioso desde los pueblos indígenas”.
Además, señaló que existe un acto de mala fe del Estado: “Los pueblos hicimos una serie de observaciones a 7 artículos de la ley pues no recoge el espíritu del Convenio 169 de la OIT”.
Asimismo, Rocío Silva, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos afirmó que el Estado ha caído en contradicciones respecto a la Ley de Consulta Previa, debido a que ha pasado un año de aprobada y aún no se ha visto ningún apoyo a la causa indígena
“La reglamentación ha desmantelado la ley y el gobierno sigue respondiendo a los intereses de empresas mineras y de hidrocarburos por sobre la consulta a los pueblos. El 25% del territorio nacional está concesionado a la minería. En Cajamarca hasta la Plaza de Armas y las capillas han sido concesionadas. El gobierno continúa con la política extractivista que arrastra desde el gobierno de Fujimori y que sigue generando conflictos”, dijo.
Un caso más…
Otro problema que será visto en el Congreso es Purús. Este es un proyecto que busca construir una carretera de 400 kilómetros desde la provincia de Puerto Esperanza en Ucayali hasta Iñapari Madre de Dios, atravesaría el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva de Alto Purús, y pondría en peligro la supervivencia de las comunidades en aislamiento voluntario que habitan el territorio.
“El proyecto desconoce una serie de leyes, desconoce la ley de áreas protegidas, la ley de consulta previa, la ley forestal, hasta el código penal (…) Deforestación de bosques, invasión de tierras, erosión del suelo, degradación de los bosques y la posible extinción de las comunidades en aislamiento voluntario serían algunos de los impactos de la construcción de la carretera”, dijo Roger Muro de Aidesep.
Por: Jorge Weston / @JorgeMWeston
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