De esta manera, se refieren a las movilizaciones que llevan los nativos amazónicos durante 53 días, reclamando la derogatoria de decretos legislativos considerados lesivos a sus comunidades.
La denuncia, fue presentada en conjunto con los procuradores públicos de los ministerios de Transportes y Comunicaciones, y Energía y Minas, y establece que «los agresores habrían incurrido en los delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos (atentado contra la seguridad común y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos); y delitos contra la tranquilidad pública (asociación ilícita)».
Esta demanda fue luego ampliada por los procuradores de los sectores Interior y Energía y Minas, dirigiéndola contra Marcial Mudarra Taki, Saul Puerta Peña, Servando Puerta Peña, Daniel Marzano Campos y Teresita Antazu López, todos ellos dirigentes amazónicos y representantes de AIDESEP en diversas zonas de la amazonía.
El documento enviado a la fiscalía, desvirtúa las movilizaciones amazónicas y señala que Pizango Chota «lidera un grupo de presuntos indígenas amazónicos en búsqueda de la derogatoria de algunos decretos legislativos, para lo cual dirige contingentes en varios puntos de la selva, impidiendo el libre tránsito y los servicios públicos, llegando a bloquear el acceso a importantes localidades de la región».
El documento hace referencia a las declaraciones que el presidente de AIDESEP realizó el 15 de mayo, haciendo un llamado a la insurgencia, lo cual fue rectificado al día siguiente luego de una reunión con la Defensoría del Pueblo.
Para la procuradoría del MININTER este llamado a la insurgencia, fue una preparación para «sus actividades delictivas» para lo cual «convocó a las fuerzas sociales y políticas nacionales y populares».
La denuncia, responsabiliza a Pizango como la persona que dirigió a los nativos de la localidad de La Convención (Quillabamba, Cusco) para que «con premeditación y alevosía procedieran a tomar los ductos que conducen el Gas de Camisea, manipulando dolosamente las válvulas en el kilómetro 152 del referido ducto».
Del mismo modo. se indica que los hechos delictivos denunciados constituyen delito continuado porque Alberto Pizango viene siendo investigado por los delitos de rebelión, sedición y otros en la 44 Fiscalía Provincial Penal de Lima, y por los delitos contra la tranquilidad pública en su modalidad de disturbios en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Utcubamba, Amazonas.
Sobre el autor
